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Cristina Losada

La partida contra la Justicia

En este turbio asunto para acabar incluso con la apariencia de un Poder Judicial independiente llevan la voz cantante los socialistas, pero la partitura es de Podemos.

Cristina Losada
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En este turbio asunto para acabar incluso con la apariencia de un Poder Judicial independiente llevan la voz cantante los socialistas, pero la partitura es de Podemos.
Pablo Iglesias y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en los actos conmemorativos de la Fiesta Nacional. | EFE

En este turbio asunto que se trae el Gobierno para acabar incluso con la apariencia de un Poder Judicial independiente llevan la voz cantante los socialistas, pero la partitura es de Podemos. A fin de cuentas, los de Iglesias Turrión creen tanto en la independencia judicial como en la independencia de los medios de comunicación. Es decir, no creen que tal cosa exista, salvo como un cuento, una ficción destinada a encubrir y perpetuar el dominio de los poderosos sobre ‘la gente’. Y no creen, esto es quizá lo decisivo, que tal independencia deba existir.

Para el poscomunista pasado por el turmix del populismo sudamericano –y ya son muchos ismos en la batidora–, la Justicia, como cualquier otra institución de lo que sus predecesores llamaban “democracia burguesa”, no es más que un instrumento de dominación. No existe, en esa óptica maniquea, la figura del juez independiente. Sólo hay jueces que están con los poderosos y contra el pueblo y jueces que están con el pueblo y contra los poderosos. De ahí que esta partida no vaya únicamente del control del Poder Judicial por los partidos, como era habitual hasta el momento.

Poca atención se ha prestado, en estos días de polémica, a la propuesta que hace unos cuatro años le hizo Podemos al PSOE para un Gobierno de coalición. Fue cuando Sánchez intentaba cuadrar una investidura como presidente, ya fuese con el apoyo de Iglesias, ya con el de Rivera. Entonces, y por escrito, plantearon que había que designar a los vocales del Consejo – y a la Fiscalía General y a los magistrados del TC– teniendo muy en cuenta el compromiso de los candidatos a esos puestos con el programa del Gobierno. Querían exigir, en definitiva, una adhesión inquebrantable a los principios generales del Movimiento, por decirlo como se decía bajo la dictadura.

Desde aquella oferta, que Sánchez finalmente tuvo que rechazar, los dirigentes de Podemos han aprendido a encubrir. Ya no recitan tanta jaculatoria ideológica ni descubren sus cartas como novicios. No en todas partes ni a todas horas, aunque hay rincones donde se explayan. Pero con gradualidad y alevosía han ido componiendo una imagen de la judicatura española, como un cuerpo conservador y reaccionario, servicial con los privilegiados y con la derecha, y prácticamente franquista, que da las pistas necesarias sobre cuáles son sus objetivos en esta partida abierta. Ya no estamos en el clásico y reñido mercadeo para el reparto de los puestos clave en la Justicia. Estamos ante el proyecto de cambiar radicalmente la naturaleza del Poder Judicial y de la judicatura en España. Esa es la pretensión podemita. El PSOE, no por despiste, sino por conveniencia, les está haciendo el trabajo.

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