A Francisco Camps le cabe el honor, al que sin duda hubiera renunciado, de ser el primer político español cuya suerte judicial depende de un jurado. La acusación popular, que ostentan los socialistas, se ha esmerado, así, en la selección de sus once miembros. Ha interrogado a los candidatos con la astucia propia de los sondeos electorales. No hubiera sido aceptable el disparo directo: ¿vota usted al PP? De manera que han ido por la tangente para calcular si respiraban por la derecha o por la izquierda. Las preguntas más llamativas han sido ¿qué opina sobre el aborto? y ¿qué opina sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? A tenor de los abogados del PSPV, esos asuntos son los que diferencian e identifican con mayor nitidez las simpatías políticas de la gente. O los que mejor delatan sus creencias religiosas.
Mira por dónde, Zapatero, después de muerto, les ha echado una mano a sus correligionarios de Valencia, al proporcionarles el material para examinar al jurado de Camps sobre dos de sus proyectos más divisorios. Ya puestos, podían haber inquirido su opinión acerca del Estatuto catalán, la guerra de Irak o la negociación con terroristas. Total, es evidente que dan por sentado que una persona con criterios políticos y morales es incapaz de valorar debidamente las pruebas en un caso que implica a un político. No conciben que un miembro del jurado pueda emitir un veredicto no condicionado por sus ideas. Albergan, digamos, un prejuicio sobre los prejuicios. Pero si tienen razón, si esto es así, el jurado no es garantía, sino lotería. Cierto, también ocurre con los jueces profesionales. Tienen su ideología y su sesgo, aunque a cambio suelen tener oficio. En resumen, no se sabe qué es peor.
En España, pocos quieren ser miembros de un jurado y pocos desean que su destino dependa de uno. Tal es la confianza que depositamos en la participación ciudadana en la justicia. Raro es el que se fía de la capacidad de juicio de uno como él. El sistema tiene sus pros y sus contras, pero es necedad idealizar el jurado como signo de una justicia "más democrática". Igual que la cantinela de "acercar al pueblo", se trate de la justicia, la política o la Monarquía. Yo, desde luego, no quiero que se me "acerquen", sino que hagan bien su trabajo. No serán excluyentes, pero conviene definir la prioridad. En cuanto a Camps, si la estadística sirve, en nueve de cada diez casos, los jurados declaran culpable al acusado. Esperemos que, al menos, no vuelva a citar –equivocadamente- a Brecht.