La singularidad de Cataluña es un asunto muy singular: su reconocimiento congrega a un plural séquito de políticos y personalidades partidarios de impedir la secesión por la vía del diálogo y el acuerdo. La singularidad de Cataluña es, en una palabra, el fetiche de la tercera vía. De aquellos que quieren evitar el choque de trenes, por usar una de sus capciosas metáforas, mediante un cambio de agujas, un desvío, nunca mejor dicho, para aplacar las ansias separatistas con una reforma de la Constitución. Reconózcase ahí, en la Carta Magna, la singularidad de Cataluña y todo irá sobre ruedas, es el mensaje de final feliz.
Los últimos en apuntarse a un desvío de esa clase son veinticinco exministros del Gobierno de España, miembros todos de la Fundación España Constitucional. Hay ahí gente de tres partidos distintos, UCD, PP y PSOE, y de diferentes épocas, tales como Marcelino Oreja, Rodolfo Martín Villa, José Bono, Josep Piqué, Cristina Alberdi, Cristina Garmendia, Eduardo Serra, Luis González Seara, Abel Matutes o Eduardo Zaplana.
Su manifiesto, titulado "Ante el intento de separar Cataluña de España. Llamamiento a la reflexión y la concordia", es un alegato contra las pretensiones separatistas, endulzado con dos comprimidos de sacarina: una propuesta de reforma constitucional (sólo algunos puntos, siempre mediante consenso) y una exhortación a realizar "un riguroso análisis sobre si su singularidad [la de Cataluña] está siendo reconocida y valorada de manera justa y dar a continuación respuesta pertinente a las aspiraciones legítimas de los catalanes".
Yo creo, para empezar, que lo que exige un análisis riguroso es en qué consiste la singularidad de Cataluña. Porque si el principal rasgo singular de Cataluña es que allí se hablan el catalán y el español, esto es relativamente poco singular: lo comparte con otras comunidades autónomas donde también se hablan dos lenguas. Y no sólo eso: la Constitución ya reconoce y protege especialmente esa singularidad. Lo hace en su artículo 3, donde establece la cooficialidad de lenguas en las comunidades autónomas y lo remacha así:
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Bien. ¿Qué otra singularidad queremos reconocer y valorar en la Constitución? Lo pondré en plural: ¿qué singularidades de las comunidades autónomas queremos reconocer en la Constitución? Porque a nadie se le escapará que si se reconocieran singularidades de una autonomía sería imposible, y manifiestamente injusto, no reconocer las de otras. Como tampoco ignorará nadie que si todas son singulares, ninguna entonces es verdaderamente singular.
Pero, insisto, ¿cuáles serían esas otras singularidades? ¿Históricas, tal vez? ¿De costumbres, quizá? ¿Gastronómicas, climáticas, paisajísticas? ¿Folklóricas? De ir por ese camino, de mencionarse en la Constitución ese tipo de peculiaridades de cada autonomía, no tendríamos una Constitución, sino una guía de viajes. Uno llevaría la Constitución como quien lleva la guía Repsol y sabría, consultándola, de los hechos históricos importantes, las características paisajísticas, las costumbres, el folklore o las especialidades gastronómicas de cada comunidad. Esto sería muy útil para hacer turismo, pero, lo siento, no sería una Constitución.
Claro que, como no nos chupamos el dedo, ni siquiera con las especialidades gastronómicas, sabemos qué significaría reconocer la singularidad de Cataluña. Lo ha dicho el PSOE con mayor o menor ambigüedad: blindar las competencias lingüísticas, educativas y culturales, esto es, dar plena cobertura legal a la actual exclusión del idioma español de la vida pública catalana. Y como incentivo extra para animar al acuerdo y al diálogo, un pequeño gran pacto fiscal a fin de que una región rica, como es Cataluña, deje de contribuir a la Hacienda común y al desarrollo de las zonas menos favorecidas de España.
Hay algo, en cualquier caso, que no acaban de entender los que están contra el separatismo y a la vez piden un reconocimiento de la singularidad catalana en la Constitución y en la financiación: esas tentadoras ofertas sólo pueden alentar el voto a los que quieren la independencia. El ciudadano que se lo esté pensando se dirá que cuanta más presión hagan los separatistas, más sacará de todo este lío. Y con razón.