Alguien ha decidido que el Rey no vaya a Barcelona. No irá a un acto oficial en el que siempre ha estado presente: la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. El alguien que ha tomado la decisión es oficialmente un desconocido. Sólo se sabe, de manera oficial, si a tal categoría puede adscribirse una entrevista con el ministro de Justicia, que ese alguien que tomó la decisión es “quien la tenía que tomar”. La decisión de que el Jefe del Estado no asista a un acto oficial en Cataluña en el que estaba prevista su presencia la ha tomado, por tanto, un desconocido identificado por el Gobierno como aquél que tenía que tomar la decisión. Quizá es un golpe de suerte, pura chiripa, que no la tomara quien no la tenía que tomar.
El motivo por el que los que tomaron la decisión han preferido la opacidad parece, en cambio, muy claro. Es evidente que al no identificarse, al no decir, “fuimos nosotros”, “fui yo”, permitían que se pensara que la decisión era de otros, ya que de nadie no podía ser. Para qué darle vueltas: no de otros, sino de otro. Esto es, del Rey. O el enredo secretista es una chapuza del siete o es un intento deliberado de eludir la responsabilidad y cargarla al monarca. Siendo como es una “decisión bien tomada”, según el coro gubernamental, es asombrosa la resistencia a revelar quién la tomó. Y por qué.
El ministro Campo dijo que hay todo “un paquete de razones” para que quien tenía que tomar la decisión la tomara. Ah, pero es un paquete de contenido ignoto. Oficialmente. Dijo que lleva muchas variables y ponderaciones, y un cúmulo de circunstancias que “están en la mente de todos”, y cómo lo están, no hace falta ni nombrarlas. Un paquete de sobreentendidos. Que cada cual entienda lo que le parezca. Lo que yo entiendo es que el Gobierno separatista catalán no quiere que el Rey vaya a Cataluña y que se le ha dado satisfacción, porque no irá.
De proteger las instituciones habló el ministro. Vino a decir que no se le permite ir al Rey a Barcelona para proteger la institución. No se nos había ocurrido que la manera de proteger a las instituciones es delimitar partes del territorio nacional en las que no pueden estar presentes. Pero el Gobierno no para de innovar. Acaba de inventar las zonas de exclusión del Rey. Como Felipe VI es el jefe del Estado y representa a España y su orden constitucional, lo que ha hecho el Gobierno Sánchez, de una tacada simbólica, es excluir a España, su Estado y su orden constitucional.
¡Y dice el Gobierno que no hay que sobredimensionar el esperpento!