Teniendo presente que el sedicioso Gobierno autonómico catalán ya incluyó en el proyecto de ley de sus presupuestos para 2017 una partida de más de seis millones de euros para la celebración de una ilegal consulta separatista, a nadie debería sorprender que la Generalidad licitara hace más de un mes una compra de papeletas, sobres e impresos por un importe de 897.520 euros. Tampoco debe sorprender que la propia Generalidad haya publicado una licitación por 200.000 euros para la adquisición de 12.000 urnas en su boletín oficial. El hecho de que los golpistas adviertan de que esas urnas servirán para celebrar "todo tipo de procesos electorales" no es más que una burda maniobra que trata de disimular que también se van a utilizar en ese nuevo "proceso participativo", "consulta" o "referéndum" separatista, sobre el que los tribunales se han pronunciado estéril y repetidamente en contra.
La compra de urnas y papeletas es sólo una pequeña parte de los gastos que acarrean para el bolsillo del contribuyente estas consultas ilegales, cuyo coste, a su vez, supone una pequeña parte de lo que están suponiendo el procés y las no menos ilegales estructuras de Estado catalanas.
Está por ver cuál va a ser la reacción de la Fiscalía y de los tribunales ante este nuevo desafío al Estado de Derecho. Por de pronto, la Fiscalía ha anunciado que está preparando una querella por la licitación de la compra de urnas, pero sin hacer especificación de delitos. Ya se verá en qué queda, pero cabe recordar que fue la propia Fiscalía la que, contra el criterio que mantuvo el entonces fiscal general, Eduardo Torres Dulce, retiró los cargos por malversación en el juicio por la ilegal consulta del 9-N, cuyo coste ascendió a 4,9 millones de euros. Los argumentos de la Fiscalía y del TSJC fueron tan peregrinos y, hasta cierto punto, engañosos como que los gastos de la Generalidad para dicho referéndum se habían acordado antes de que el Constitucional suspendiera la consulta, o que parte de los ordenadores y del material informático utilizado en aquella ocasión fue destinada posteriormente a Educación.
Lo cierto es que cuando el Gobierno de Mas destinó dinero público a los preparativos del 9-N el Tribunal Constitucional ya había manifestado que la Generalidad carecía de competencia para convocar ese tipo de consultas, que atentan contra la soberanía nacional. El TC tuvo que volver a insistir en ello en vista de que la Generalidad iba cambiando de denominación el 9-N: de "referéndum" pasó a ser "consulta" y, finalmente, "proceso participativo". Estas triquiñuelas nominativas, que deberían haber agravado la pena impuesta a Mas, Ortega y Rigau, sirvieron, sin embargo, para exculparlos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Sea como fuere, lo que es evidente es que el proceso del que ya en 2012 Artur Mas dijo que no lo pararían "ni tribunales ni constituciones" no lo están sufragando los separatistas, sino los contribuyentes. Que esos fondos no se destinen a "usos particulares" de los golpistas no borra el hecho de que se están destinando a usos tan "ajenos a la función pública" como la preparación, organización y desarrollo de una clamorosa ilegalidad liberticida.