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EDITORIAL

Contra Rosa Díez antes que contra los etarras

Entre colaborar con un partido de incuestionable vocación nacional como UPyD o con los proetarras de Amaiur, el PP eligió lo segundo. Sus votantes, con seguridad, tomarán debida nota.

El espectáculo lamentable que ayer protagonizó el Partido Popular en el Congreso, votando en contra de la retirada de los subsidios a los etarras que el Gobierno está poniendo en libertad, refleja perfectamente la ausencia de escrúpulos y la facilidad para traicionar el sentir mayoritario de los españoles de la que últimamente viene haciendo gala sin recato la formación comandada por Mariano Rajoy.

El grupo parlamentario del PP se sometió este jueves al chantaje de los proetarras de Amaiur con el único objetivo de que no saliera adelante la propuesta firmada por el partido de Rosa Díez, que en lo esencial coincidía con la suscrita por el propio Partido Popular y UPN para impedir que los terroristas accedan a las ayudas establecidas con carácter genérico para la población penitenciaria. En otras palabras, lo que pretendía UPyD es algo tan higiénico como que las víctimas de estos asesinos no tengan que pagar además las fiestas que sus verdugos están celebrando tras su precipitada suelta. Sin embargo, para el partido de Rajoy es más importante impedir a UPyD apuntarse un éxito político que apoyar una propuesta llena de sentido común y en defensa de la dignidad nacional como la planteada por la formación de Rosa Díez.

El portavoz parlamentario del PP pulverizó cualquier plusmarca anterior de ridículo político con sus intentos de justificar esta nueva traición a las víctimas del terrorismo esgrimiendo un presunto perfil inconstitucional del texto sometido a votación. En primer lugar, si la propuesta de UPyD era inconstitucional, forzosamente también lo era el texto pactado posteriormente por el PP, que en nada modificaba los aspectos sustanciales de la redacción original. Por otra parte, Alfonso Alonso debería saber a estas alturas que una moción no puede ser inconstitucional por la sencilla razón de que no tiene rango legal, sino que es simplemente una apelación al Gobierno para que adopte medidas administrativas o proponga modificaciones legislativas en un determinado sentido.

Como no podía ser menos, el ministro del Interior se sumó al despropósito afirmando que su intención era llevar a cabo las medidas propuestas en la moción rechazada por su partido, lo que supone una descalificación en toda regla de su grupo parlamentario.

Aislado en su particular burbuja y más preocupado por las encuestas que vaticinan un trasvase de votos a otras formaciones que en defender su ideario de siempre, el Partido Popular demostró ayer a todos los españoles cuáles son sus prioridades políticas en el ecuador de la legislatura. Entre colaborar con un partido de incuestionable vocación nacional como UPyD o con los proetarras de Amaiur, eligió lo segundo. Sus votantes, con seguridad, tomarán debida nota. 

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