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Desidia para impedirla, rapidez para ejecutarla

Lo menos que se puede decir del Gobierno es que “se quiere lavar las manos como Pilatos”, como ha denunciado Daniel Portero.

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No sabemos si la organización terrorista ETA emitirá en los próximos días un comunicado para celebrar la bochornosa sentencia de Estrasburgo, tal y como sí hizo en julio de 2011 para vanagloriarse públicamente de los buenos resultados de su nueva marca electoral y de que "Euskal Herria" hubiera "ganado la batalla política e ideológica de la ilegalización".

En cualquier caso, todos nos podemos hacer una idea, sin necesidad de comunicado alguno, de la satisfacción, bien perceptible en su tolerado brazo político, que les causa la sentencia favorable a la criminal Inés del Río, tanto como la fulgurante ejecución de la misma por parte del Reino de España, que ha permitido a esta asesina múltiple estar ya en la calle.

A este respecto, cabe señalar que una cosa es acatar y otra ejecutar la sentencia de un tribunal como el de de Estrasburgo, que no puede dar órdenes directas a las jurisdicciones nacionales sino a la "parte contratante" del Convenio Europeo de Derechos Humanos –el Reino de España–, y que corresponde a cada Estado decidir cómo se ejecuta dicho convenio.

Desde el primer momento, sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se refirió a este asunto como si fuera la Audiencia Nacional y no el Gobierno quien primero había de tomar cartas en el asunto. Lo cierto es que el Ejecutivo tenía margen legal más que suficiente para retrasar el traslado y la ejecución de la sentencia, como mínimo, el tiempo que se han tomado en ejecutarla otras el resto de Estados firmantes del convenio cuando les han sido desfavorables. Eso, por no hablar de otros fallos de Estrasburgo que el Reino de España ha acatado pero no ejecutado a pesar de que fueron dictadas hace años, tal y como sucede con la referida a Rumasa. ¿Considera el Gobierno de Rajoy que los derechos de una asesina etarra tienen preeminencia sobre los de Ruiz Mateos?

Esta inaudita rapidez en la ejecución de la sentencia, que la ley, ciertamente, permite pero en modo alguno fuerza, contrasta con la desidia del Gobierno a la hora de impedirla. Y es que, dejando aparte el sólido recurso de la Abogacía del Estado, Madrid no movió un dedo para que los magistrados de Estrasburgo recusaran como miembro de dicho tribunal a un magistrado tan contaminado para enjuiciar la causa como López Guerra, quien siendo secretario de Estado de Justicia del Gabinete Zapatero se había manifestado públicamente en contra de la Doctrina Parot. Eso, por no recordar nuevamente que López Guerra formaba parte de un Gobierno que secretamente había adquirido con la propia banda terrorista el compromiso de acabar con aquélla.

Puede y debe escandalizar esta sentencia, que contradice no sólo lo dictaminado por el Supremo y el Constitucional, también la propia jurisprudencia de Estrasburgo, que hasta ahora siempre había distinguido entre la pena y las distintas modalidades de ejecución de la misma, dejando estas últimas al arbitrio de las jurisdicciones nacionales. Pero permitir, sin elevar protesta alguna, tal y como ha hecho el Gobierno de Rajoy, que alguien que era pública y notoriamente contrario a esa doctrina fuera el magistrado nacional encargado de enjuiciarla y de informar al resto de magistrados no españoles de cómo funcionaba nuestro ordenamiento jurídico sólo es admisible desde la más absoluta ingenuidad o desde la más inconfesable complicidad.

De hecho, con un presidente como Rajoy, que cuando se le ha preguntado por la sentencia ha hablado literalmente del tiempo, lo menos que se puede decir es que el Gobierno "se quiere lavar las manos como Pilatos", tal y como ha denunciado el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.

La única esperanza a la que aferrarse, aun a riesgo de pecar de ingenuidad, son las palabras del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ha venido a afirmar este martes que Estrasburgo "no ha derogado la Doctrina Parot" sino tan sólo "su aplicación en el caso de Inés del Río". Si eso es cierto, y si se van a tratar las peticiones de libertad de manera individualizada, ya está el Gobierno tardando en confirmar la extradición de otro asesino múltiple de ETA como Anton Troitiño, solicitud para la cual el Tribunal Superior de Londres, que lo acaba de dejar en libertad condicional, ha dado un plazo de siete días.

Finalmente, y puesto que tanta atención se pone a lo dictaminado en Estrasburgo, bien haría el Gobierno en recordar el aval de este tribunal a la Ley de Partidos y a la sentencia de ilegalización de Batasuna y acabar de una vez con la burla que a esa ley y a esa sentencia supone la permanencia de los proetarras en las instituciones a través de Bildu y Amaiur. En caso contrario, haya o no comunicado de la banda que lo confirme, ETA seguirá celebrando con razón haber ganado ganado una batalla.

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