El presidente del Gobierno ha realizado unas declaraciones al diario italiano La Reppublica en las que, tras afirmar que en Cataluña "reina una mayor tranquilidad" desde la intervención de la Administración autonómica en aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha advertido solemnemente de que quien gane las elecciones tendrá que "respetar el marco constitucional".
Bien está que Rajoy haga está advertencia; sin embargo, cabe preguntarse qué credibilidad se le puede otorgar, teniendo en cuenta que no ha habido nunca un gobernante tan renuente e irresponsablemente timorato a la hora de hacer cumplir la ley como él.
La cantidad y la gravedad de los ataques al ordenamiento constitucional y las clamorosas desobediencias a las leyes y a las sentencias de los tribunales que, durante tantos años, se han cometido desde la Administración autonómica catalana, hasta que el presidente del Gobierno se decidió, por fin, a intervenirla, es algo que no tiene parangón en nuestra historia ni en la de ningún otro país democrático del mundo.
Es obvio que la destitución de los golpistas ha puesto fin a sus más ostentosas desobediencias e interrumpido su marcha hacia un Estado soberano. Sin embargo, esta realidad dista mucho de significar que el orden constitucional impere ya en Cataluña. Buen ejemplo de ello es la persistente, si no acrecentada, propaganda secesionista perpetrada desde los medios de comunicación públicos de la región, que atenta contra el artículo 20.3 de la Constitución como cuando gobernaban Puigdemont y sus antecesores. Lo mismo cabe decir del adoctrinamiento nacionalista en las escuelas, que sigue constituyendo una tolerada vulneración del artículo 27.8 de la Carta Magna; por no hablar de la desobediencia a los tribunales respecto a la liberticida e inconstitucional inmersión lingüística, que se sigue perpetrando en Cataluña –y extendiéndose a otras comunidades– bajo esta denigrante aplicación del 155. A ello hay que sumarle la salvaje huelga política del pasado día 8, en la que se vulneraron derechos constitucionales tales como el de libre circulación, y ante la que los cuerpos policiales mantuvieron una pasividad propia de cuando sus jefes políticos eran Puigdemont y compañía.
Aunque en este caso no haya tanta responsabilidad directa por parte del Gobierno de Rajoy, no menos grave es que lo que ha referido este miércoles el ministro de Justicia, Rafael Catalá: pintadas, atentados contra el patrimonio y hasta cortes de suministro eléctrico en domicilios de jueces y fiscales, los últimos este mismo fin de semana. De hecho, ya el pasado martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Barrientós, reveló que varios jueces han pedido su traslado fuera del Principado por la "situación de tensión personal" en que viven.
Finalmente, y para poner en sus justos términos la "mayor tranquilidad" que Rajoy dice que ya se vive en Cataluña, conviene señalar la advertencia que la Comisión Europea ha hecho este mismo miércoles sobre la notable incertidumbre que sufre España por la "crisis catalana". La incesante huida de empresas de Cataluña no se debe tanto a la existencia allí de un quimérico Estado soberano en forma de república, sino a la inquietante falta de seguridad jurídica a la hora de salvaguardar en Cataluña las fronteras más preciosas de la Nación, que no son otras que aquellas que la configuran como Estado de Derecho. Y eso no se arregla simplemente convocando nuevas elecciones autonómicas; menos aun si las ganan quienes no aspiran a otra cosa que a la voladura del ordenamiento constitucional.