La televisión pública catalana ha sido, desde su creación, una maquinaria de propaganda en manos de los nacionalistas. Es lo que suele ocurrir con los medios de comunicación que dependen del poder político, pero en el caso de TV3 es obligado reconocer que su sometimiento a los dictados del Gobierno autonómico no tiene parangón en ningún otro lugar de España.
Con motivo de la celebración del Día de Cataluña, el próximo 11 de septiembre, TV3 está inmersa en una vorágine de preparativos en colaboración con las entidades que impulsan la intentona secesionista. Sin embargo, la coincidencia interesada de esta festividad con el inicio de la campaña electoral para las autonómicas del 27-S puede dar al traste con las intenciones de los separatistas, dispuestos a hacer, una vez más, un uso abusivo de la televisión pública regional en su exclusivo beneficio.
Acierta el PP al denunciar ante la Junta Electoral el propósito de TV3 de convertir la retransmisión de la Diada en un acto de apoyo masivo a la intentona secesionista. El plan de los rectores de la cadena, consistente en retransmitir durante varias horas el aquelarre antiespañol con un despliegue de medios sin precedentes, sería un grave atentado a la legislación electoral, que prohíbe expresamente la utilización de los medios públicos para hacer campaña como pretende la coalición impulsada por Convergencia y Esquerra. Es de esperar que la Junta Electoral cumpla su cometido y evite el abuso escandaloso que planean los separatistas con un medio que debe estar al servicio de todos los ciudadanos, no sólo de los que comparten su proyecto delirante.
Ahora bien, el Partido Popular ha tenido durante cuatro años la oportunidad de actuar contra un medio que es el ejemplo más acusado del despilfarro de fondos públicos. Para ello, el Gobierno de Mariano Rajoy no tenía más que haber aplicado los principios establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite al Ejecutivo central tomar decisiones sobre las finanzas autonómicas en caso de flagrantes incumplimientos en sus compromisos de déficit, como ha acreditado la Generalidad de Cataluña año tras año. Rajoy mira para otro lado mientras el Gobierno regional catalán, al borde de la quiebra técnica si no fuera por la ayuda estatal, sigue manteniendo nada menos que cinco canales de televisión dedicados día y noche a la agitación antiespañola.
Bien está que el PP reaccione ante un abuso flagrante en vísperas electorales. Mejor aún sería que el Gobierno de España pusiera fin al uso escandaloso de un medio público para atacar a España con dinero, para mayor escarnio, de todos los españoles.