A nadie deberían sorprender la propuesta que esta semana hizo José Luis Ábalos sobre una posible quita del Estado a la deuda que la Generalidad catalana tiene con todos los españoles. Ni es nuevo en el PSOE: los socialistas llevan años dándole la razón a los nacionalistas sobre lo injusto del sistema de financiación y lo insostenible de su deuda. Ni han estado solos los socialistas en este tema. El propio Cristóbal Montoro abría la puerta el pasado marzo a la posibilidad de inaugurar el nuevo sistema de financiación autonómica con la condonación de parte de lo adeudado a la Administración Central por los gobiernos autonómicos.
Quizás pueda decirse que el número 2 del PSOE de Pedro Sánchez eligió especialmente mal el momento para volver a poner el tema sobre la mesa, apenas unos días después de que este mismo Gobierno autonómico anuncie cómo se desarrollará el golpe de Estado que el nacionalismo lleva años preparando. Pero más allá de la cuestión de las fechas, no hay mucho más que sus rivales políticos puedan decir.
Porque a pesar de las protestas, de las rectificaciones, de los desmentidos y de los gritos en el cielo, todo apunta a que la quita de la deuda será el próximo regalo con el que nuestros políticos cortejarán al nacionalismo catalán. Tampoco sería de extrañar. Desgraciadamente, ha sido la dinámica habitual de nuestra democracia en las últimas cuatro décadas.Cada desafío del secesionismo ha sido respondido con una concesión. Cada argumento falaz, con un silencio (cuando no con la aquiescencia). Cada desprecio, con una genuflexión.
El sistema de financiación autonómica es manifiestamente mejorable. Pero ni mucho menos eso justifica las quejas del nacionalismo catalán. Todas y cada una de las reformas de ese sistema han sido pactadas de forma bilateral, en un proceso siempre oscuro y de espaldas al interés general, entre el Gobierno central y los partidos independentistas: primero la CiU de Pujol con González y Aznar, y luego la ERC del tripartito con Zapatero. Sus protagonistas ahora fingen olvidarlo, pero el actual modelo surgió de una negociación en Moncloa entre Zapatero, Montilla y Puigcercós de la que los líderes nacionalistas salieron eufóricos, presumiendo de haber obtenido la aprobación de todas sus exigencias. Por eso son todavía más sangrantes los sucesivos privilegios que se les han ido entregando a los que quieren romper nuestro país: han sido ellos los que han diseñado el modelo que ahora tachan de imposición. Los fundamentos de la financiación regional, esa que el nacionalismo define como "Madrid ens roba", son obra de CiU y ERC con la complicidad de PSOE y PP.
No hace falta recordar la evidencia, pero la deuda de la Generalidad no se debe a la infrafinanciación, sino al derroche. Miren si no las cuentas de la Comunidad de Madrid, la gran perjudicada de ese pésimo sistema de financiación autonómica: esta región es la prueba palpable de que mantener el equilibrio presupuestario es cuestión de voluntad política y de las consecuencias positivas para la economía que tiene un Gobierno que maneja su presupuesto de forma responsable.
Si en Cataluña (y en otras regiones, el nacionalismo no tiene la exclusiva de la falta de rigor presupuestario) ignoran las reglas impuestas por el Gobierno central es en buena parte por el convencimiento de que nadie en La Moncloa les exigirá cumplir con sus obligaciones legales. Es lógico que lo piensen, porque nunca ha ocurrido. En 2012, algunos ingenuos (sí, también Libertad Digital) creyeron que la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria marcaría un antes y un después en el despilfarro de las autonomías. La norma era un claro paso adelante y facultaba al Gobierno con las herramientas necesarias para controlar a los ejecutivos regionales irresponsables. Sólo hacía falta voluntad política, justo lo que casi siempre ha faltado en nuestro país.
Ahora ya sabemos que no sirvió de casi nada. Las autonomías han seguido derrochando. Los nacionalistas han mantenido su desprecio a las leyes que en teoría les obligan. Los independentistas pagarán su referéndum con el dinero que los españoles les hemos prestado. Y una vez que el revuelo se haya calmado un poco, la deuda será perdonada, con el aplauso entusiasta de muchos otros presidentes autonómicos.
Premiar los comportamientos irresponsables es la peor forma posible de comenzar un nuevo sistema de financiación. Será el próximo regalo de unos políticos que todavía no se han enterado que al secesionismo no se le combate con concesiones, sino con firmeza. Para los españoles, será una nueva humillación.