Uno de los fundamentos sobre los que se sostiene cualquier club es que las reglas están para cumplirse. Da igual que hablemos de una asociación deportiva que exige el pago de una tasa por el uso de las instalaciones o de una agrupación que organiza las fiestas del barrio con la colaboración de los vecinos: si alguien se salta las normas que entre todos se han dado y no existen consecuencias en forma de sanción, el destino del grupo está escrito. Antes o después se desintegrará, fruto de las tensiones internas entre los que cumplen y se sienten estafados; los que no cumplen nunca y piensan que pueden seguir sacando ventaja; y los que cumplían al principio y de repente empiezan a intuir que podrían sumarse al grupo de los free riders.
Tampoco la UE escapa a este mandamiento. No hay duda de que una de las principales causas de la desafección creciente respecto de la Unión en todos los países reside en la falta de compromiso de sus miembros para con las reglas comunes. Desde que en 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, nuestros políticos nos han vendido que éste era el futuro: una unión reforzada, con normas iguales para todos, que admite la solidaridad entre sus estados a cambio de la lealtad de los mismos.
El problema es que esto se ha quedado sólo en la teoría. En la práctica, cada país mira únicamente por sus intereses o (aún más habitual) por los de su élite política. Por eso, no es extraño que crezcan las voces que reclaman la ruptura de la Unión. ¿Para qué estar en un club en el que no te puedes fiar de tus socios?
En este sentido, la crisis de deuda soberana que los estados del sur de Europa sufren desde hace un lustro ha disparado el sentimiento euroescéptico. Desde el sur recuerdan que fueron alemanes y franceses los primeros que se saltaron las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en los primeros años del siglo y que el trato que Bruselas ofreció entonces a aquellos países fue mucho más benévolo que el que ahora exige a Grecia, Portugal, España o Italia.
En realidad, ésta es una discusión que no tiene mucho sentido. Es cierto que germanos y galos cometieron el pecado original en lo que respecta a los objetivos de déficit marcados por el PEC. Fueron sólo los primeros casos de los más de un centenar de incumplimientos que se han producido desde el nacimiento del euro. Pero ni su ignorancia de las reglas fue tan continua ni, sobre todo, estos países pidieron la ayuda de los demás socios para sobrevivir.
La clave de lo que ha pasado en estos años es que Grecia, Portugal, España o Italia necesitan del respaldo del BCE y de la Eurozona para mantenerse a flote. Es decir, sin el aval que les aportan (de forma directa o indirecta) alemanes, holandeses o finlandeses los PIGS hace tiempo que habrían entrado en quiebra. Lo que ocurrió en 2010 y 2012 es que nadie en el mercado estaba dispuesto a prestar dinero a estos países y sólo el apoyo de sus socios del norte les permitió sobrevivir. A los que se quejan de los recortes en Atenas, Madrid o Lisboa y se manifiestan con caricaturas de Angela Merkel habría que recordarles que sin los contribuyentes alemanes respaldando la deuda lusa o helena, el ajuste de gasto sí que habría sido brutal. Nada de un punto o dos del PIB al año; de un día para otro, estados con déficit del 10-12-15% habrían tenido que pasar a déficit cero por un motivo muy sencillo de entender: nadie compraría ni un solo bono de ninguno de estos países.
Las exigencias de cumplimiento de las normas de la UE deben ser compatibles con la flexibilidad y la comprensión con los socios que atraviesen dificultades. Sin embargo, lo que han hecho los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy no es sólo una grave irresponsabilidad, también es moralmente inaceptable y vergonzoso para un líder político.
Es irresponsable porque tensa la cuerda de la confianza de nuestros socios, que en cualquier momento pueden decidir soltar lastre y dejarnos a nuestra suerte: PP y PSOE están jugando a la ruleta rusa con la prosperidad de los españoles. Es inmoral porque la palabra dada está para cumplirla y los compromisos adquiridos, para honrarlos. Y es vergonzoso porque lo hacen sabiendo que ellos no sufrirán las consecuencias de su irresponsabilidad. Ni Rajoy, ni Zapatero, ni Montoro ni Salgado verán empeorada su posición personal por sus actos. Somos los contribuyentes los que pagaremos en su nombre.
Quizás haya quien se sorprenda de que desde España se pida la multa para España. Hay compatriotas de buena voluntad que piensan que, aunque lo dicho anteriormente sea cierto (nuestros políticos son unos irresponsables y lo mejor para la UE es que todos cumplamos), nos vendría bien ahorrarnos los 2.000 millones con los que nos amenaza Bruselas. Pero no es así. Nuestro país sería uno de los que más sufrirían si la UE entra en el proceso de descomposición que se intuye tras el Brexit y el crecimiento del populismo antieuropeo. Y también estaríamos entre los más beneficiados si el club europeo comienza a parecerse a lo que nos dijeron que sería.
¿2.000 millones a cambio de disciplinar a nuestros políticos en su descontrol de gasto público y como aviso a navegantes para otros países de la UE? Puede que sea un precio que merezca la pena pagar. Eso sí, los responsables -Zapatero, Rajoy, Salgado y Montoro- deberían también abonar la factura: si no con dinero (eso se antoja imposible) sí con su salida inmediata y definitiva de la vida política. Los dos del PSOE ya lo hicieron, para el actual presidente y a su ministro de Hacienda, éste debería ser un motivo más dentro de una larga lista.