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EDITORIAL

Golpistas y constitucionalistas, en bucle

Aun cuando se avinieran a investir a alguien sin causas pendientes con la justicia, caras nuevas no implica abandono de las viejas pretensiones

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Mientras algunos se acomodan en la ficción de que el orden constitucional ya impera en Cataluña y de que el "procés" secesionista iniciado en 2012 ha sido finalmente sofocado, las formaciones separatistas se aferran a una no menos quimérica pretensión, como es la del "Estado soberano en forma de República", al poner nuevamente al parlamento regional en pleno y abierto desafío a nuestro ordenamiento jurídico. Buena prueba de esto último lo constituye la bochornosa e ilegal iniciativa aprobada este miércoles por la cámara regional en rebeldía en la que la que los separatistas reiteran su pretensión de investir al golpista Puigdemont presidente de la Generalidad. También, la resolución parlamentaria que exige la liberación e impunidad del resto de cabecillas de la sedición encarcelados. Por si esto fuera poco, la cámara autonómica se ha negado a condenar la violencia en la que están desembocando las manifestaciones convocadas por la ANC, Omnium Cultural y los llamados Comités de Defensa de la República, gracias también al apoyo de los podemitas de Catalunya en Comú.

Obviamente, la pretensión separatista de que la Generalidad de Cataluña vuelva a estar presidida por la misma persona que encabezó el golpe de Estado tras la marcha de Artur Mas ya era una quimera cuando Puigdemont estaba fugado, como lo sigue siendo ahora que ha sido detenido. Lo mismo se podría decir de la investidura de cualquier otro procesado. Ahora bien. No menos iluso es pretender que de un parlamento dominado por formaciones que no se retractan de su ilegal intentona secesionista vaya a salir un gobierno regional respetuoso con el ordenamiento constitucional. Aun cuando los separatistas se avinieran a proponer como candidato a la presidencia de la Generalidad a alguien sin causas pendientes con la justicia, caras nuevas no implica abandono ni repudio de las viejas pretensiones.

Los separatistas habrán entrado en bucle, ciertamente, al empecinarse en investir a Puigdemont; pero también lo han hecho los constitucionalistas al negarse a reconocer el clamoroso fracaso que ha supuesto desvirtuar el artículo 155 de la Constitución para aplicarlo como mero procedimiento de convocatoria electoral. Vamos, como si el grave atentado contra los intereses de España perpetrado por la administración regional presidida por Puigdemont hubiese sido su negativa a celebrar nuevos comicios autonómicos.

La triste realidad, que no ilusa quimera de los separatistas, es que en Cataluña sigue imperando una "independencia de facto", en la que, a falta de gobierno, ya se utiliza el parlamento regional como plataforma propagandística contra nuestro Estado de Derecho, en la que se sigue proscribiendo la enseñanza en español o en la que se sigue inoculando el odio a España en escuelas y medios de comunicación públicos.

El bucle que ha de preocupar a los españoles no es el que pretende nuevamente llevar a Puigdemont o a cualquier otro procesado a la poltrona institucional. Ese bucle tiene fecha de caducidad habida cuenta de que, si fuerza unas nuevas elecciones autonómicas, ninguno de los ahora procesados podrían volver a presentarse. El bucle que nos ha de preocupar es el de quienes nos pretendan nuevamente vender una "vuelta a la normalidad" por el mero hecho de que al frente de la Generalidad dominada por los separatistas haya, simplemente, nuevas caras.

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