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EDITORIAL

La aberrante Ley de Memoria Democrática no es una mera maniobra de distracción

Una ley que pretende dictar qué es lo que se debe recordar es una ley que pretenda dictar lo que se debe pensar: totalitarismo en estado puro.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la aberrante y orwelliana Ley de Memoria Democrática, con la que pretende acabar con la libertad de expresión, asociación y cátedra de todos aquellos ciudadanos que tengan una visión de la Guerra Civil y la dictadura franquista distinta a la mendaz versión oficial de la izquierda.

Bajo la acusación del "apología del franquismo", el Ejecutivo social-comunista pretende castigar con duras sanciones a quienes osen elogiar en todo en parte al régimen del general Franco o a quienes rechacen la indecente patraña de que en la Guerra Civil se enfrentaron un bando partidario de la libertad y la democracia –el republicano– y otro, el nacional, partidario y promotor de todo lo contrario y todo lo odioso.

Con esta ley, que tiene de democrática lo mismo que la felizmente extinta y totalitaria Alemania Oriental, el Gobierno talibánico de Pedro Sánchez –líder orgulloso del partido golpista y guerracivilista trágicamente responsable del colapso de la II República y el estallido del conflicto fratricida– y sus socios comunistas –igualmente orgullosos de un pasado tan execrable– pretende, además, ilegalizar la Fundación Francisco Franco y hasta se plantea demoler la gran cuz que preside el Valle de los Caídos, dejando en evidencia su desprecio por el informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial que tan claramente le advirtió de que su proyecto vulneraba las libertades ideológica, de expresión y de reunión.

Ante este vil espectáculo, propio de una dictadura bananera como las que no dejan de blanquear o directamente jalear los integrantes de este Gobierno infame, quizá haya quien caiga en la tentación de pensar que se trata simplemente de una bochornosa maniobra de distracción para que la ciudadanía no fije la atención en cuestiones cruciales y candentes como el varapalo judicial que ha recibido la banda de Sánchez a cuenta del estado de alarma, la advertencia que este mismo martes ha hecho la Comisión Europea contra la politización y falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial o el nuevo récord del recibo de la luz. Eso, por no hablar de la persistente y escandalosa negativa de los abyectos promotores de la memoria democrática a condenar o simplemente calificar de dictadura al régimen comunista que padecen los cubanos.

Siendo evidente este objetivo de distraer a la opinión pública, el Gobierno tiene otro, en absoluto incompatible con el primero, que es dar rienda suelta a sus pulsiones totalitarias y dictar una versión del pasado que le haga imponerse en el presente y en el futuro. Su pretensión es un peligrosísimo ataque a la libertad y un ultraje estalinista a la Historia. Una ley que pretende dictar qué es lo que se debe recordar es una ley que pretende dictar lo que se debe pensar: puro totalitarismo, por mucho que se disfrace de ejercicio democrático.

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