La familia catalana que pidió para sus hijos el derecho a recibir parte de su educación en español ha sufrido un episodio de acoso callejero impropio de sociedades civilizadas. Diversas facciones nacionalistas organizaron el miércoles pasado una manifestación de inspiración totalitaria, para intimidar al matrimonio que ha ganado en los tribunales el derecho que le debería haber garantizado la Generalidad si en Cataluña se cumplieran la Constitución y las leyes: escolarizar a sus hijos en su lengua materna, al menos en una parte de las asignaturas que cursan a lo largo de su proceso educativo.
Los miembros de la ANC, Omniun Cultural y Som Escola, grupos subvencionados por el nacionalismo para imponer en la sociedad su proyecto totalitario, se dieron cita frente al colegio concertado en el que estudian los niños para exigir la desobediencia de la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. El objetivo no era otro que amedrentar a los padres que han conseguido que los tribunales reconozcan sus derechos, hasta el punto de que destacados participantes en esta cacería callejera ya han amenazado con tratar a los hijos de este matrimonio como a los negros en EEUU durante la época de la discriminación racial.
Pero lo que otorga una mayor gravedad a este espectáculo infame de acoso tumultuario es la connivencia de las autoridades del centro educativo concertado y, sobre todo, la participación de altos cargos de los partidos separatistas y de la izquierda catalana en una operación que debería avergonzarles si Cataluña no fuera una región donde el poder político fomenta estas exhibiciones de totalitarismo identitario.
Peor aún es que el Estado no haya actuado todavía en este asunto que cuestiona seriamente su vigencia en un amplio territorio de la nación española. La fiscalía tiene que abrir una investigación sobre este episodio ignominioso, que nos retrotrae a las persecuciones callejeras de los judíos en la Alemania nazi o a la de los disidentes del castrismo en la isla cárcel por parte de los infames comités de defensa de la revolución. Los cargos municipales y autonómicos presentes en el lamentable acto de repudio tienen que ser obligados a afrontar su responsabilidad por esta incitación al odio contra una familia que se ha limitado a pedir un derecho que le reconoce nuestra Carta Magna.
El Gobierno, además, está obligado a cortar de raíz, de una vez por todas, con esta impunidad de los nacionalistas y su dictadura lingüística a despecho de las leyes y los tribunales. El Estado tiene que recuperar las competencias educativas para garantizar el derecho a recibir la educación en lengua materna en todo el territorio nacional, como ocurre en todos los países. En Libertad Digital siempre hemos defendido ese principio esencial, que el acoso callejero e institucional de los nacionalistas contra esa familia indefensa de Mataró lo convierte hoy en más acuciante que nunca.