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La indolencia de Rajoy no absolverá a los golpistas

Hasta abril del año pasado Montoro tuvo la desfachtez o la osadia de asegurar que el 1-o no se hizo con dinero público.

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No es la primera vez que los líderes del proceso golpista iniciado en 2012 piden la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo de su defensa. Ya con ocasión del juicio por el 9-N, los abogados de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau solicitaron infructuosamente que el entonces presidente del Gobierno compareciera en aquel juicio para explotar en su favor las falaces declaraciones que hiciera pocos días después de aquella primera consulta ilegal, y en las que tuvo la desfachatez de afirmar que había cumplido con su deber de "hacer cumplir la ley" en Cataluña. "El referéndum que dije que no se iba a celebrar no se ha celebrado", sentenció.

Tampoco es de extrañar que la hayan pedido ahora, pues Rajoy, al tener conocimiento de que Puigdemont y compañía no sólo iban a perpetrar una nueva consulta secesionista en 2017, sino que la coronarían con una declaración de independencia, no destituyó a los gobernantes golpistas y quiso ganárselos mediante una vergonzosa operación Diálogo regada con una multimillonaria y privilegiada financiación extraordinaria a cargo de los Fondos de Liquidez Autonómica que, lejos de abortar el proceso golpista, sirvió para financiarlo de forma indirecta pero absolutamente decisiva.

A este respecto, no tendría por qué ser perjudicial para la defensa de los acusados la comparecencia de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, habida cuenta de que dirigió personalmente –y con no poca cordialidad– esa nauseabunda negociación con la Generalidad golpista, pese al público y persistente compromiso de sus gobernantes de perpetrar aquello por lo que ahora se les quiere y debe condenar.

Con todo, el mayor beneficio que podrían sacar los acusados de una comparecencia de un miembro del anterior Ejecutivo es de la de Cristobal Montoro. Si aquel vampiresco y desastroso ministro de Hacienda tuvo en su día la desfachatez de guardar públicamente silencio respecto de la financiación del 9-N a cargo del contribuyente, a pocos días de la celebración del 1-O tuvo el cuajo de asegurar que no se iba a dedicar "un solo euro público" a ese segundo referéndum. Eso, por no recordar que después del 1-O tuvo el descaro rayano en la complicidad de reiterar, tal y como hiciera en abril del pasado año, de que aquel segundo referéndum "no se hizo con dinero público".

Afortunadamente, no ha reiterado sus palabras en defensa de su ridículo, tardío y parcial control de las cuentas de la Generalidad, intervenidas poco antes del 1-O, que en tan mal lugar dejaban a la acusación por malversación de la Fiscalía y de la acusación popular. Por el contrario, Montoro ha admitido este miércoles la posibilidad de que aquel "riguroso" control pudiera haber sido burlado por parte de los acusados.

En cualquier caso, ni las declaraciones de Montoro, ni las de Rajoy negando haber negociado la soberanía nacional y la existencia de mediadores en su, con todo, inadmisible negociación con los golpistas, ni las de Sáenz de Santamaría, en las que tan bien ha relatado la violencia que rodeó a la ilegal comisión de aquella segunda consulta secesionista, borra la temeraria imprudencia y la cobarde indolencia del Gobierno de aquel infausto PP al negarse a aplicar el artículo 155 y destituir a quienes de forma tan pública y firme se habían comprometido a perpetrar una nueva consulta secesionista y a llevar a cabo una declaración de independencia. En lugar de eso, el Gobierno de Rajoy hizo algo tan surrealista como coordinarse con la propia Generalidad golpista con el objetivo de que no se dedicara dinero público a ese referendum tanto como para evitar que la gente votara en la ilegal consulta.

Con todo, es harto dudoso que quienes tenían tantas razones para estar convencidos de su impunidad salgan impunes de este juicio.

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