Los partidos nacionalistas siempre han mostrado un especial interés en utilizar la lengua vernácula como elemento diferenciador de la población. Este afán por erradicar la lengua común de todos los españoles en los territorios controlados por las formaciones separatistas, uno de los elementos centrales de su proyecto político, llega en ocasiones a límites obsesivos como hemos podido comprobar con el último informe sociolingüístico elaborado por el Gobierno autónomo vasco.
Haciendo balance del resultado de tres décadas y media de imposición lingüística en el ámbito público y en los centros educativos, para lo que no se han escatimado esfuerzos y fondos públicos, el porcentaje de vascos que habla Euskera ha crecido hasta llegar a un tercio de la población, pero el Gobierno regional Vasco ha descubierto que en nada menos que el 80% de los hogares de las vascongadas se sigue utilizando habitualmente el español. Por más que en el documento aparezcan conclusiones voluntaristas sobre el futuro presuntamente luminoso del Euskera como lengua predominante en el País Vasco, lo cierto es que en los ámbitos que todavía están a salvo de las imposiciones totalitarias del nacionalismo el uso del español sigue siendo mayoritario, para irritación de los que han hecho de la coacción lingüística uno de los ejes esenciales de su proyecto totalitario.
Las dificultades propias del Euskera normalizado, mezcla artificial de los numerosos dialectos existentes en las distintas partes del territorio vasco, hace que los resultados de su imposición sean más reducidos que en el caso del catalán. Sin embargo, la saña con que se trata de erradicar en ambos casos la lengua común de todos los españoles no tiene parangón en ninguna otra nación civilizada. En Cataluña se incumplen las leyes y las sentencias de los tribunales que exigen un uso equitativo del español y el catalán en la enseñanza o se sanciona el uso del español en el ámbito mercantil, mientras que en el País Vasco surge ahora la preocupación de las autoridades por el hecho de que la intimidad de los hogares esté todavía a salvo de su persecución.
La situación a estas alturas del Estado Autonómico es tan alarmante que incluso comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como Valencia, Galicia o Baleares se han sumado a este memorial de abusos contra los que pretenden utilizar la lengua común de todos los españoles en uso legítimo de sus derechos constitucionales. Son las consecuencias de haber transferido a las comunidades autónomas unas competencias culturales y educativas que siempre debieron quedar en manos del Estado por su importancia para la vertebración de un proyecto común, con respeto a la diversidad, pero preservando los elementos que constituyen la esencia de una nación, como es el idioma que comparten todos sus habitantes.