Dice el refrán que antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Y, ciertamente, ni veinticuatro horas han hecho falta para que haya quedado en evidencia la clamorosa mentira de la vicepresidenta, Carmen Calvo, que afirmó que el Gobierno y la Iglesia Católica habían "acordado trabajar conjuntamente para buscar una salida" que evite que los restos de Franco "se inhumen en la catedral de la Almudena". El portavoz del Vaticano, Greg Burke, ha corregido a la socialista en un comunicado en el que ha advertido de que, en la entrevista que mantuvieron este lunes Calvo y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Parolin, éste "en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación", aunque vio "oportuna" la solución de explorar otras alternativas al entierro en la Almudena, "a través del diálogo con la familia".
Y esta es la cuestión: que a día de hoy, la familia de Franco no está conforme con la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos si no es para trasladarlos a la cripta de la catedral madrileña, cosa a la que tiene total derecho, puesto que es propietaria de una sepultura en la que yace la hija del general, Carmen Franco.
No se sabe cuántas leyes civiles y canónicas estará dispuesto a violar el cainita Gobierno del doctor Sánchez con tal de dar rienda suelta a sus pulsiones guerracivilistas, contentar a sus socios separatistas y comunistas y desviar la atención de los gravísimos problemas que tiene planteados España; pero lo cierto es que la Almudena, como la basílica del Valle de los Caídos, es un lugar de culto, por lo que se le aplica el articulo 5.1 del Acuerdo España-Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, según el cual "los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes". El Acuerdo España-Santa Sede es, además, un tratado internacional y, por tanto, de acuerdo con los artículos 95 y 96 de la Constitución, forma parte del ordenamiento jurídico español, con rango sólo inferior a la Carta Magna y superior al de las leyes orgánicas y ordinarias.
El hecho de que el Gobierno socialista amenace ahora con una aplicación extensiva de la liberticida Ley de Memoria Histórica para evitar que los seguidores de Franco le rindan homenaje en la Almudena no sólo implicaría una ilegal violación de ese tratado, sino que sería, además, estéril, puesto que esos homenajes –que, por cierto, ampara la libertad de expresión– podrían igualmente producirse allá donde los restos fueran a parar. Salvo que se entierren en una cuneta o un lugar desconocidos. Pero casi mejor no dar ideas a este Gobierno indeseable adicto al cuanto peor, mejor...