Por lo visto, a la presidenta del Congreso de los Diputados no le preocupa lo más mínimo que en el Parlamento se sienten delincuentes como Alberto Rodríguez –de Podemos, por supuesto–, condenado a mes y medio de prisión por agredir a un policía durante una manifestación. Por lo visto, Meritxell Batet no considera una falta de respeto a la sede de la soberanía nacional ni una vulneración de código ético alguno que semejante indeseable, que por supuesto no tiene la dignidad de presentar su dimisión como diputado, se siga sentando en un Congreso que degrada con su mera presencia.
Lo que le preocupa a Batet, y lo que –sin vergüenza– considera una "falta de respeto", es que la diputada de Vox Macarena Olona llame "delincuente" a Rodríguez, con lo que no hace más que dar público traslado a la Cámara de lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo al condenarlo por un delito de agresiones.
Por enésima vez, se constata que Batet es indigna del cargo que ostenta; y que el imperativo ético por el cual un representante público debe presentar su dimisión al ser imputado o condenado sólo es de obligado cumplimiento para las formaciones ubicadas a la derecha del PSOE.
Vergonzoso y elocuente ejemplo lo constituye igualmente el orwelliano Ministerio de Igualdad, regido por Irene Montero –de Podemos, por supuesto–. Desde que se creó ese execrable chiringuito tóxico, era evidente que iba a ser una agencia de colocación de activistas del partido chavista. Pero es que últimamente el departamento de la fanática Montero –enchufada a su vez por el padre de sus hijos, Pablo Iglesias–, al que el cacique en jefe, Pedro Sánchez, ha regado con la escandalosa cifra de 500 millones de euros mientras medio país vive en la pura angustia económica, se está convirtiendo en un lucrativo refugio de imputados e incluso condenados en firme por la Justicia. Tal es el caso de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, sobre los que pesan acusaciones de malversación y prevaricación en el ejercicio de sus funciones en el Ayuntamiento de Madrid en tiempos de la infame Manuela Carmena; y el de la mismísima portavoz estatal de Podemos, Isabel Serra, quien, pese a la sentencia que la ha condenado a inhabilitación para el desempeño de cargo público y a 19 meses de prisión por agresiones a una mujer policía, también ha sido colocada.
A este paso, la fanática Montero acaba trasladando la sede de su ministerio con vocación de cheka a los juzgados de Plaza de Castilla... o directamente a Soto del Real.