Si el marido una política de derechas –no digamos ya si hubiese sido Isabel Díaz Ayuso– hubiese sido condenado por abusar de una menor en un centro que dependía de su consejería no es que hubiese tenido que dimitir, es que se habría tenido que ir de España.
Obviamente esa ley no escrita no se aplica a Mónica Oltra, aún a pesar de que la situación de la todavía vicepresidenta de la Comunidad Valencia ya es muchísimo peor: tal y como señala el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ha imputado este jueves a la líder de Compromís, existe "una serie de indicios plurales" que generan una sospecha razonable de "la existencia de un concierto" entre la propia Oltra y algunos de los funcionarios de su consejería para "proteger a su entonces pareja" o "proteger la carrera política de la aforada".
Estamos hablando de un acuerdo expreso para tapar uno de los delitos más repugnantes que puedan imaginarse, los abusos sexuales a una mujer, que además en este caso tiene los peores agravantes que podrían darse en una situación que ya de por si es muy grave: la abusada era una menor, que además se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad –internada en un centro de menores y tutelada por la Administración– y encima fue abusada por una de las personas que ejercía de hecho esa tutela, es decir, que debía protegerla.
Pero esa mujer, menor y vulnerable no ha levantado ni un gramo de indignación en la izquierda feminista: ni una sola voz se ha levantado para reclamar a Oltra su responsabilidad política o al menos una mera disculpa; no ha habido "hermana yo sí te creo" ni #metoo para la víctima del marido de la todavía vicepresidenta; la sororidad que se gasta a raudales con las "madres protectoras" que secuestran a sus hijos ha brillado aquí por su ausencia.
Del mismo modo, la santa inquisición de las imputaciones guardará ahora silencio, los que pedía la cabeza del presidente Camps por dos trajes ahora no tendrán ningún problema en esperar a que la Justicia actúe; aquellos que persiguieron literalmente hasta la muerte a Rita Barberá por un caso de unos pocos miles de euros –y qué casualidad que ambos ejemplos sean en Valencia–, ahora clamarán por la presunción de inocencia.
Puede que también digan que lo de Oltra no es corrupción, y en eso tienen razón: la corrupción de menores es mucho más grave e infinitamente más repugnante que la política y alguien implicado en un suceso así no puede estar ni un minuto más en un cargo público, menos aún en uno tan importante como la vicepresidencia de una comunidad autónoma. Oltra debe irse hoy mismo, si esto no es motivo para la dimisión ningún político tendría que abandonar su cargo nunca.