Unir en una única iniciativa el desprecio a la legalidad vigente y la negación de la voluntad popular democráticamente expresada es algo que habitualmente sólo está al alcance de regímenes tan poco edificantes como el bolivariano, que en cuanto las urnas propician un Parlamento con una abrumadora mayoría en contra crea otra cámara para poder seguir controlando el Poder Legislativo, a despecho de lo votado por sus ciudadanos.
Eso es exactamente lo que pretenden el doctor Sánchez y sus socios chavistas: saltarse al Senado porque no les gusta el resultado electoral que ha dado lugar a la composición de esa cámara. Unos resultados tan democráticos como otros y, sobre todo, con un método que, puede gustar o no, pero es el que marca la Constitución y el que siempre ha sido aceptado por todos.
Ahora la mayoría que interfiere en los planes del PSOE y sus socios es la del Senado, pero cabe preguntarse si una vez establecido este precedente no harán algo parecido cuando sea la del Congreso o la de cualquier otro órgano dentro de la arquitectura constitucional. Y no hay que olvidar que, diga lo que diga el populista demagogo de Pablo Iglesias, el Senado es parte de las Cortes Generales al igual que el Congreso, y ambas cámaras ostentan la representación del pueblo español conjuntamente, sin prevalencia de una sobre la otra. Así lo dice de forma meridianamente clara el artículo 66 de la Constitución, que a este paso podría ser la próxima víctima de las reformas exprés del doctor Sánchez.
Por si esto no fuera suficiente, el Gobierno quiere perpetrar este atropello mediante un fraude de ley completamente inconstitucional y particularmente inmoral: aprovecharse del trámite de una ley orgánica sobre un tema en el que es innegable que hay una especial sensibilidad social para así tratar de hacer más difícil una respuesta negativa de sus rivales.
Hasta ahora el doctor Sánchez había demostrado muy poco respeto por las formas mínimas que requiere una democracia, ahí están tanto sus mentiras en sede parlamentaria como el abuso de los recursos públicos para uso personal, o la descarada ocupación de empresas e instituciones para favorecer a adeptos y compañeros de partido. Un respeto institucional inversamente proporcional a una voluntad de permanencia en el poder que hacía pensar que iba a ser capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en la presidencia del Gobierno. Ahora ya no cabe una bien fundada sospecha, sino que estamos ante la constatación de un hecho: sólo para aguantar unos meses más en su precaria situación dependiente de Podemos y de aquellos partidos que quieren romper España, el doctor Sánchez está dispuesto a todo, incluso a este ataque directo al corazón de la democracia.
Una acometida de una gravedad que no pueden pasar por alto ni los demás partidos, ni las instituciones ni la sociedad civil. La respuesta de PP y Ciudadanos debe ser extraordinariamente dura, sin descartar ninguna opción democrática: plantear una moción de censura en el Parlamento o llamar a manifestarse a unos españoles que después del desafío separatista ven ahora cómo el ataque a su democracia se perpetra desde la propia Moncloa.
Pero la respuesta de los partidos sólo debe ser una parte de un rechazo que exprese toda la sociedad, porque no podemos consentir que España empiece a convertirse en un régimen bolivariano. No debemos tolerarlo y, que lo tenga por seguro el doctor Sánchez, no lo vamos a permitir.