La manifestación en apoyo a los presos de ETA, que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había prohibido por ilegal, tuvo lugar este sábado gracias a la colaboración del PNV que, como hiciera en 1998 con el Pacto de Estella, ha vuelto a ponerse al servicio de la ETA, organización directamente responsable de las movilizaciones en favor de sus miembros encarcelados.
A las pocas horas de conocerse el dictamen de la Audiencia Nacional, PNV, Sortu y otras formaciones minoritarias de la izquierda radical vasca anunciaron la convocatoria de un nuevo acto, idéntico aunque con bajo un lema distinto, con el que finalmente se ha sorteado el mandato de la Justicia gracias a un nuevo auto favorable emitido por el magistrado Javier Moreno desoyendo la petición en contra de la AVT.
Aunque el PNV nunca ha tenido escrúpulos a la hora de beneficiarse políticamente del terrorismo etarra, lo cierto es que con la llegada de Urkullu a la presidencia del partido y luego del Gobierno vasco parecía que la formación nacionalista había entrado en una etapa de moderación. Así al menos parece haberlo entendido Rajoy, cuyas reuniones institucionales con Urkullu se han desarrollado en un clima de gran cordialidad, a pesar de las alabanzas del peneuvista al proceso independentista catalán cuyos pasos está dispuesto a seguir también él a medio plazo.
El soporte decisivo que el PNV de ese mismo Urkullu brindó este sábado al mundo etarra, demuestra que la apariencia de normalidad democrática que Rajoy ha querido otorgar a sus relaciones con el nacionalismo vasco es tan ficticia como la que pretende hacer ver en sus tratos con el separatismo catalán. Sólo este acto celebrado con el apoyo peneuvista es motivo suficiente para que el Gobierno rompa cualquier relación con los dirigentes del partido vasco, más allá de las meramente administrativas en ejercicio de sus respectivas competencias territoriales.
Con su vergonzosa decisión de apoyar la marcha proetarra, el PNV ha despejado cualquier duda acerca de sus verdaderas intenciones, coincidentes punto por punto con sus colegas nacionalistas catalanes en el deseo indisimulado de desmembrar la Nación.
Ante esta ofensiva coordinada de estas fuerzas políticas empeñadas en destruir el orden constitucional, a Rajoy no le queda más remedio que abandonar su actual estrategia de concesiones políticas y financieras a los que ya han dejado claro su voluntad de culminar su proyecto segregador aprovechándose de la debilidad del Gobierno de España. Una debilidad injustificada en un Ejecutivo que ostenta la segunda mayoría parlamentaria más amplia de nuestra historia democrática.