En un momento en el que el Gobierno insiste en la necesidad de potenciar y fortalecer la denominada 'marca España' en el exterior, llegando incluso a destinar fondos públicos para su promoción, resulta cuanto menos paradójico el fuerte revés que está sufriendo dicha enseña como consecuencia de la guerra abierta entre Sacyr y las autoridades de Panamá a raíz de la ampliación del Canal. El consorcio que lidera la constructora española anunció este viernes que, por el momento, ha suspendido las obras a la espera de poder alcanzar un acuerdo de cofinanciación que ponga fin al conflicto.
Las empresas siguen reclamando el abono de los cuantiosos sobrecostes que está generando la ejecución del proyecto, con el consiguiente lastre para sus cuentas, pero la Autoridad del Canal no da su brazo a torcer y tilda de "chantaje" la estrategia que mantiene el consorcio. De hecho, empieza a sonar con fuerza la posibilidad de que, finalmente, acabe rompiéndose el contrato, lo cual se traduciría en la salida de Sacyr y su sustitución por otra contratista, muy posiblemente, norteamericana. Más allá de quién tenga o no razón en esta particular pugna entre Panamá y las compañías, lo cierto es que la pérdida del Canal constituiría, sin duda, un duro golpe para la constructora nacional, aunque también afectaría de forma indirecta a la propia imagen de España.
Es evidente que la marca país no vive sus mejores momentos debido a la dura crisis económica sufrida en los últimos años y, en este sentido, el abandono de esta histórica ampliación no ayudaría en nada a su posible reflote. Sin embargo, el caso Sacyr no deja de ser una anécdota en comparación con los auténticos problemas de fondo que afectan gravemente a la imagen de España en el extranjero, y que poco o nada tienen que ver con las empresas privadas y sí mucho con nuestra paupérrima clase política.
No en vano, si algo perjudica el prestigio y credibilidad del país es la extendida corrupción institucional, la inexistente independencia judicial, la elevada inseguridad jurídica o la nefasta gestión económica ejercida tanto por el PSOE como por el PP desde el estallido de la crisis, y cuyo reflejo no es otro que la tasa de paro y el déficit público más elevados del mundo desarrollado. Las empresas y trabajadores españoles llevan muchos años demostrando su valía y buen hacer en el exterior. No por casualidad, son numerosas las compañías que, convertidas ya en grandes multinacionales, son líderes indiscutibles en sus respectivos sectores a nivel mundial, al tiempo que los españoles gozan, igualmente, de un alto reconocimiento laboral. Por desgracia, no sucede lo mismo con nuestros políticos, responsables únicos de los profundos defectos jurídicos, institucionales y económicos que sigue sufriendo el país. Son ellos los que no están a la altura, no nosotros, y, por tanto, son ellos los que deben cambiar para que la marca España brille como realmente merecen los españoles.