Todos los analistas con un mínimo de solvencia coinciden en que el estado de alarma –herramienta constitucional que, efectivamente, se puede aplicar en situaciones de pandemia como la presente– debe renovarse cada quince días. Es el único plazo que especifica la Carta Magna y es de lógica básica que una medida excepcional como esa no puede mantenerse indefinidamente a gusto del Poder Ejecutivo y ni siquiera del Legislativo. Y menos aún en un caso como el actual, donde no se citan restricciones concretas, sino que se plantea más como una cáscara que las distintas Administraciones regionales pueden rellenar a su gusto.
Un auténtico disparate que debería ser declarado inconstitucional pero que, por lo pronto, ha contado con el aval de 293 diputados: los 194 que votaron a favor y los otros 99 que se limitaron a abstenerse en lugar de votar en contra.
Al final, sólo los 52 diputados de Vox y el de Foro Asturias se han decantado por el no. No sorprende la posición de los de Santiago Abascal, que no sólo han mantenido una oposición frontal a Sánchez sino una férrea defensa de los principios constitucionales dentro y fuera de la Cámara –de hecho, el líder de Vox ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad ante el TC–, pero sí llama poderosamente la atención la posición del PP.
Y es que los populares han defendido antes y durante el pleno de este jueves la inconstitucionalidad del estado de alarma de seis meses –de hecho, Casado lo ha hecho desde la tribuna del Congreso en un discurso brillante–, pero por un lado defendían un plazo de dos meses, que es tan ilegal como el de seis, aunque sea bastante menos escandaloso, y por el otro no se han atrevido a lo lógico y lo único que un partido serio puede hacer en una situación como esta: votar en contra de una medida que considera que es ilegal.
Casado se ha parapetado tras una supuesta "responsabilidad" para no oponerse, pero el líder popular y su partido se equivocan: lo responsable es votar en contra de aquello que no sólo es políticamente inasumible sino que es ilegal, y con ello tratar de forzar al Gobierno a que no se comporte como lo que está deseando ser: un régimen bolivariano.
Lo más patético de todo ha sido ver cómo, pese a sus denodados esfuerzos por no molestar y hacer oposición sin oponerse, el PP ha sido vapuleado por PSOE y Podemos, que se han apresurado a retirarle el carnet de partido moderado que le concedieron por su infame papelón en la moción de censura contra el Gobierno social-comunista. Es lo que le va ocurrir de ahora en adelante a este PP al que sus estrategas han puesto a navegar entre las aguas de la oposición y las del Gobierno, en un terreno en el que, mucho más pendientes de lo que van a decir los partidos y los medios de izquierda que de lo que piensa su electorado, van directos al desastre.