El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido el cuajo de asegurar que "en España, la ley se cumple" en respuesta a las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las demagógicas e ineficaces medidas anunciadas por el Ejecutivo para reducir el consumo de energía. Hasta dos veces dijo Sánchez que en España la ley se cumple para acto seguido acusar a la presidenta madrileña de "egoísta", "insumisa" e "insolidaria". Las manifestaciones de Sánchez no pasarían de chiste de mal gusto si España no estuviera al borde de una recesión agudizada por la incompetencia del gabinete sanchista, que se niega a aceptar no ya las previsiones de una catástrofe económica sino los indicadores reales que apuntan en esa dirección.
En España se cumple la ley, sí, pero con más que notables excepciones. ¿Qué leyes cumplen los separatistas cuando se niegan a acatar la sentencia del 25% de español en las aulas con el decidido apoyo del Gobierno? O cuando se niegan a respetar la condición de oficial del idioma español en Cataluña ¿Que leyes someten a los separatistas catalanes que dieron un golpe de Estado y fueron indultados cuando no habían cumplido ni una cuarta parte de la condena? Pero no se trata sólo de los separatistas y los proetarras, cuya relación con el cumplimiento de las leyes es tan relativa como perfectamente descriptible. Se trata del Gobierno, que no sólo permite que las leyes se pisoteen en Cataluña y el País Vasco, sino que está instalado en la vulneración permanente del marco legal establecido, como se demostró, por ejemplo, con sus decretos durante la pandemia.
Que en España las leyes se cumplen, dice el presidente que entre sus principales misiones tiene la de acabar con las leyes y los jueces y fiscales que fueron claves para atajar el golpe independentista y prepara en comandita con ERC cambios en el Código Penal para que los golpistas fugados puedan volver sin riesgo de entrar en la cárcel y para que los aún sometidos a procesos judiciales por el golpe salgan de rositas. O el que menosprecia la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERE de Andalucía y anticipa indultos para que Griñán no tenga que entrar en la cárcel y Chaves no sea inhabilitado por lo que es, un delincuente consumado y condenado en sentencia firme.
Pero es verdad que hay leyes que se cumplen. Por ejemplo, todas aquellas fruto del socialcomunismo que protegen a los okupas en contra de los legítimos propietarios. También las que lesionan los derechos de las víctimas de cualquier tipo de delito, ya sea una violación o un atentado terrorista. Y las que fomentan la inmigración incontrolada o las que protegen a los políticos. También las que reducen al ciudadano a la condición de cajero automático de las administraciones públicas. Pero eso no afecta a todo el mundo. En absoluto. El Gobierno y sus socios están exentos del cumplimiento de todas y cada una de las leyes porque toda norma que lesione su despótica voluntad es objeto de alteraciones o de la aplicación de precisos y convenientes indultos.
Las declaraciones de Sánchez no son una muestra más de su carácter desahogado y prepotente, sino un aviso a quienes osen cuestionar sus decretos ley, que son las únicas leyes que él considera como tales; para quienes contempla escenarios como el de la ilegalización sumaria, descartados en el caso de proetarras o separatistas. La deriva autoritaria y demagógica del sanchismo apunta en esa dirección. Y si el escenario económico que nos espera es el de la argentinización, el político remite directamente a las dictaduras bolivarianas.
El PP y Vox pueden ganar las próximas elecciones si es que la dicha deriva no acaba en un pucherazo antológico. El asalto a Indra, la empresa encargada de los procesos electorales, es un indicio más que evidente de las intenciones de Sánchez. Deberán contar además los citados partidos con que Sánchez pretende encabezar y capitalizar el malestar social por la recesión y ya ha señalado a los culpables enemigos, las compañías energéticas, los bancos y los grandes empresarios. Giro peronista de manual para atribuir a la derecha los efectos de su desastrosa gestión. De modo que el presidente del Gobierno se presentará como el jefe de la oposición frente a un gestor, Núñez Feijóo, y una derecha, Abascal, responsable de las consecuencias de todos los disparates perpetrados por su propio Gobierno.