El grupo parlamentario del PP ha llegado a una acuerdo con Convergencia para lograr la constitución de una mesa del Congreso afín a las características de la cámara. Prueba superada por Mariano Rajoy, que coloca a un alfil como tercera autoridad del Estado y constata que los separatistas catalanes tienen flancos débiles, agujeros que tapar y unas indisimuladas ganas de influir en Madrid mientras desconectan Cataluña del resto de España.
Está claro lo que Convergencia ha obtenido a cambio de su primer "tamayazo" en la XII legislatura. La abstención respecto a Ana Pastor y los diez votos a favor de la composición de la Mesa del Congreso proceden en su mayoría de la escudería de Francesc Homs, imputado en el Tribunal Supremo por la celebración del referéndum ilegal del 9-N de 2014, y del PNV. La nueva política vuelve a los viejos hábitos, el cambalache, la puta y la Ramoneta, esencia de la actuación histórica de CiU en la capital de España. La Fiscalía ya ha prometido que los delitos por los que se acusa a los golpistas no implican penas de prisión sino de inhabilitación. Puede que ni eso.
Hace una década, nadie se habría sobresaltado por el apoyo de la derecha catalanista al conservadurismo o la socialdemocracia españolas. Formaba parte de la estrategia nacionalista servir de muleta de los gobiernos de España, fueran socialistas o populares. Estaba en el ADN nacionalista intercambiar cromos, puestos y partidas económicas. Ahora, el apaño es mucho más obsceno, ya que Convergencia ha sobrepasado todos los límites morales y legales para descuartizar España con la inestimable ayuda de los gobiernos nacionales, fueran socialistas o populares.
Durante los últimos cinco años, CDC y ERC han desobedecido las leyes constitucionales, han hecho ostentación de sus ilegalidades, se han ciscado en los tribunales, del Constitucional al Supremo pasando por el Superior de Cataluña, y han jurado por activa y por pasiva que Cataluña dejará de ser España antes o después. La corrupción propia y la debilidad del Estado han impulsado un proceso separatista que ha dividido y enfrentado a la sociedad catalana, que ha provocado una fuga masiva de empresas de los inversores, que ha encanallado la vida política nacional y agudizado la crisis económica, la inestabilidad jurídica y la insolvencia institucional. A estas alturas, el proceso separatista catalán es el primer problema de España desde todos los puntos de vista, de la convivencia al empleo, de la identidad a la economía.
Resulta inaudito e indignante que el Gobierno conceda un trato de favor a la Generalidad de Cataluña, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría trate de igual a igual con el vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, que se hayan podido aceptar los votos de los convergentes para designar a los componentes de la Mesa del Congreso. Nadie quiere unas terceras elecciones, pero no a cualquier precio y menos al de premiar a los carroñeros que se cebaron con la crisis para tapar sus corruptelas.