Los sindicatos, bien se sabe, son un privilegiado grupo de presión que, con la pretensión de representar a los trabajadores, se dedican a parasitar los presupuestos. Tampoco resulta novedad alguna el descarado sectarismo político de UGT y CCOO, que les lleva a ser una correa de transmisión y un instrumento de agitación y propaganda al servicio de la izquierda política. Han vuelto a dejarlo claro este martes los "responsables de Pensionistas" de UGT y CCOO que han acudido al Congreso, flanqueados por la diputada de IU Caridad García y la socialista Soraya Rodríguez, para registrar un manifiesto contra los recortes que están sufriendo los jubilados: tras la entrega del documento, los sindicalistas pretendieron hacer unas declaraciones dentro del edificio, algo a lo que no estaban autorizados por no ser diputados. La portavoz socialista aprovechó entonces para dictarles cuál tenía que ser su alegato una vez salieran fuera de la Cámara para hablar con la prensa: "Ahora, cuando intervengáis, empezad diciendo todos 'Nos han echado a la calle'. Es muy importante".
Obedientes, los sindicalistas entonaron el "Nos han echado" y se quejaron de que les habían sacado de "la casa de todos los españoles". Después retomaron el discurso original y denunciaron los perjuicios que la política del PP causa a los pensionistas.
El Congreso no es la casa de "todos los españoles", sino el lugar donde tienen voz y voto sus legítimos representantes. Y los sindicatos, por mucho que se escuden en ellos, no son representantes ni de los trabajadores, ni de los jubilados ni, menos aun, de "todos los españoles".
Por otra parte, el PSOE carece de legitimidad alguna para denunciar los recortes. Es cierto que la subida del 0,25% de las pensiones aprobada por el Gobierno para el año que viene no va a evitar a los jubilados que pierdan en torno a un punto de poder adquisitivo; pero más perdieron con el PSOE de Zapatero, que directamente se las congeló.
Téngase en cuenta, además, que tanto el PSOE como IU -y los sindicatos- están a favor de un ineficiente sistema de pensiones basado no en la capitalización sino en el reparto y cuya sostenibilidad depende, cierta e inexorablemente, de paulatinos recortes y perjuicios a sus supuestos beneficiarios.
Es fundamentalmente la izquierda la que sacrifica a los jubilados en el altar de este sistema público de reparto, y es la sostenibilidad del mismo lo que exige recortes, incluso mayores que los que el Gobierno de Rajoy ha llevado a cabo. Que el Gobierno no se atreva a romper ese consenso podrá ser motivo de queja para muchos de sus votantes, así como para muchos jubilados presentes y, sobre todo, futuros. Pero no, desde luego, para una izquierda, política y sindical que ha hecho suya esta ineficiente herencia franquista.