El escándalo de la presunta financiación irregular del Partido Popular, con el ex tesorero Luis Bárcenas como pieza clave de todo este asunto, ha experimentado un nuevo giro con el auto emitido por el juez Pablo Ruz ante el que el PP ha sido, una vez más, incapaz de mostrar una reacción acorde a la gravedad de la situación. El magistrado de la Audiencia Nacional abrió ayer una pieza separada para investigar los papeles publicados por el diario El País, después de recibir un informe exhaustivo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que establece varios nexos fidedignos entre la trama Gürtel y la presunta contabilidad "B" del Partido Popular. Se trata de diversas anotaciones y soportes documentales encontrados a los acusados de la red Gürtel, coincidentes en fechas y cuantías con los registros de ingresos opacos aparecidos en las fotocopias atribuidas al ex tesorero del Partido Popular y que, precisamente por eso, otorgan cierta verosimilitud a las posibles irregularidades de los responsables financieros del partido que al citado magistrado de la Audiencia Nacional le corresponde a partir de ahora investigar.
La gravedad de las sospechas que se ciernen sobre los que han manejado las finanzas del PP exigen sobradamente una actuación ejemplar contra los causantes del descrédito del partido. Sin embargo nadie en el PP, salvo la actual secretaria general, parece dispuesto a liderar esa lucha para acabar con las especulaciones sobre las finanzas del partido y la honradez de sus dirigentes. La demanda presentada por el PP contra el periódico El País y "el autor" de esos papeles publicados, en la que ni siquiera han tenido los arrestos de mencionar a su ex tesorero a pesar de las evidencias de su enriquecimiento injustificado de los últimos años, es la única actuación que Rajoy ha permitido en su partido y eso tras varias semanas de lucha soterrada de los partidarios de evitar cualquier confrontación con Bárcenas en los juzgados. De momento son ellos, en tanto representantes del Partido Popular, los que han sido denunciados por el ex tesorero por su pasada relación laboral extinguida de manera bien extraña, lo que no parece ser acicate suficiente para responderle en el mismo terreno seguramente por el temor a posibles represalias.
Rajoy ha decidido limitar la crisis desatada por su extesorero al ámbito del partido, pero eso no es algo que dependa precisamente de él. El Partido Popular es la formación política que sustenta al Gobierno de la Nación, la de mayor presupuesto y la que más poder territorial ha venido detentando en los últimos tiempos, por lo que cualquier duda sobre sus procedimientos de financiación tiene un carácter institucional que el presidente del Gobierno no puede soslayar por más que se empeñe. En este feo asunto el Gobierno y su partido van de la mano y cualquier esfuerzo para parcelar responsabilidades no hará sino agravar las sospechas ya existentes.
Fue el propio presidente del Gobierno el que se manifestó dispuesto a exigir responsabilidades exhaustivas "caiga quien caiga", para unos días más tarde confirmar en el cargo a una ministra sobre la que cada día se conocen nuevos datos que hacen insostenible su presencia en cualquier ámbito no ya ministerial, sino meramente administrativo. Con ese nivel de autoexigencia, no es de extrañar que un personaje como Bárcenas sea capaz, él sólo, de aterrorizar al primer partido político de España, provocando de paso espectáculos tan lamentables como los que sus dirigentes están protagonizando en estos días para olvidar.