Ya se ha advertido en estas mismas páginas de la escasa verosimilitud de las revelaciones del Gobierno según las cuales Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habrían sido objeto de espionaje mediante la infección con el programa Pegasus de sus respectivos teléfonos móviles. Ahora bien, si no se trata de un invento, de una cortina de humo para no tener que abordar el espionaje, presuntamente ilegal, de numerosos dirigentes separatistas implicados en el golpe de Estado del 1-O, lo revelado ahora por el Ejecutivo resulta casi igual grave.
Ciertamente, ¿cómo es posible que el Gobierno haya ocultado cerca de un año algo tan trascendente como que el presidente y la ministra de Defensa habían sido espiados? ¿Cómo es posible que nadie haya presentado la dimisión o sido destituido por tan clamoroso fallo en las labores de contraespionaje? ¿Está el régimen de Marruecos detrás de todo y esto es lo que explica el repentino y vergonzoso cambio de postura del Ejecutivo respecto del Sáhara, tal y como con toda legitimidad se plantea Vox? ¿Es creíble que, habiendo sido espiados el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, no lo hayan sido también otros miembros del Ejecutivo o incluso los líderes de la oposición? ¿Pueden los aliados internacionales de España estar tranquilos confiando información confidencial a un Gobierno con comunistas en sus filas y con unas carencias en materia de seguridad tan escandalosas?
Lo que no es de recibo es que Moncloa pretenda tapar un asunto como el del supuesto espionaje ilegal de los golpistas con una revelación que suscita tantas o más dudas respecto de la seguridad del Estado y de la preservación de los derechos de los individuos. Es evidente que cualquier Gobierno democrático tiene ya no el derecho sino el deber de espiar, lógicamente con autorización judicial, a sujetos implicados en hechos delictivos tan graves como los que informan el proceso separatista catalán. ¿A qué se creen no pocos papanatas que se dedican los servicios de inteligencia de todos los países del mundo? A este respecto cabe recordar el seguimiento, bochornosamente escaso o ineficaz, que se hizo en tiempos de Mariano Rajoy al principal dirigente del golpe de Estado del 1-O, Carles Puigdemont, que incomprensiblemente acabó fugándose de España. Es dudoso que, en otro país, una huida de esas características no le hubiera costado el cargo al ministro del Interior; como de hecho le costó en nuestro propio país a Antonio Asunción, que dimitió precisamente por su responsabilidad in vigilando en la fuga de Luis Roldán.
Sucede, sin embargo, que ahora tenemos un Gobierno que se apoya en formaciones separatistas a las que no se atreve a desairarlas. Tenemos un Gobierno que no se atreve a decir abiertamente a sus aliados que, por delitos mucho menos graves que los relativos al golpe de Estado separatista, los tribunales españoles –como los de cualquier otra democracia– autorizan muy frecuentemente la interceptación de las comunicaciones o la correspondencia de meros sospechosos. Tenemos un Gobierno que no se atreve a decir a sus subversivos aliados que la carga de la prueba en un Estado de Derecho –en este caso, la prueba del espionaje sin autorización judicial– corre por cuenta del que acusa, no del que es acusado. Sólo a alguien que ha demostrado un feroz desprecio al Estado de Derecho como el condenado sedicioso Oriol Junqueras le puede parecer baladí o irrelevante que el espionaje contara o no con autorización judicial.
Son la debilidad y la dependencia del Gobierno ante los separatistas lo que permite sospechar que el espionaje a Sánchez y Robles sea un invento. Al menos la Abogacía del Estado ya ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional, cosa que no han hecho los separatistas. En cualquier caso, que el presidente del Gobierno o la ministra de Defensa hubieran sido espiados revelaría una debilidad tan grande como el hecho de que el Ejecutivo tenga como aliados a quienes están públicamente comprometidos con la voladura del orden constitucional.