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Un compromiso con ETA que Rajoy no debe asumir

La publicación de las actas de ETA no vino sino a confirmar el repugnante grado de colaboracionismo al que llegó el Gobierno de Zapatero.

EDITORIAL
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Que la derogación de la encomiable Doctrina Parot fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Zapatero con ETA es algo que en Libertad Digital hemos venido denunciando desde que en 2006 la obediente Fiscalía General del Estado se alineó públicamente con la defensa de ese sanguinario etarra y el PSOE lanzó una campaña sin precedentes contra el entonces presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, por asentarla.

La publicación, años después, de unas actas de ETA incautadas en Francia no vino sino a confirmar en su literalidad el repugnante grado de colaboracionismo al que llegaron los representantes del Gobierno ante la banda terrorista, entre los que estaba el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuel Gómez Benítez, al que se atribuye esta frase terrible: "No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar esa doctrina (...) si no hubiera más remedio habría que cambiar las leyes".

Que el Gobierno de Zapatero creyó poder encontrar en Estrasburgo un medio de acabar con la Parot sin tener que asumir el coste político de "cambiar las leyes" en beneficio de los etarras también fue público y notorio desde que en 2007 decidió proponer al hasta entonces secretario de Estado de Justicia, el socialista Luis López Guerra, como magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. López Guerra, que había sido uno de los agitadores de la campaña contra el presidente del Supremo, logró convencer a muchos de sus compañeros en Estrasburgo de que la Doctrina Parot suponía la aplicación retroactiva de un cambio legislativo en perjuicio de presos condenados con anterioridad al mismo.

Por el contrario, en Libertad Digital siempre hemos considerado, tal y como el Tribunal Constitucional vino a ratificar tiempo después, que lo que hizo el Supremo en 2006 no fue modificar sino aclarar cómo debía aplicarse la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios, etc.) a la luz del Código Penal de 1973, informando -que no instaurando- de que las redenciones por beneficios penitenciarios que se aplicasen a un penado se debían realizar sobre el total de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento, de 30 años.

El caso es que la labor de López Guerra resultó fructífera y logró la condena de España por la aplicación de la Doctrina Parot en el caso de la sanguinaria etarra Inés del Río en 2011, fallo que el Tribunal de Estrasburgo acaba de ratificar.

Salvo que haya esperado a saber hoy por La Razón que el PSOE de Zapatero colocó a López Guerra tras pactar con ETA la derogación la Doctrina Parot, no se entiende que el Ejecutivo no haya hecho más por poner fin a este compromiso con ETA, esta clamorosa injusticia y esta ofensa a las víctimas de los más salvajes criminales.

No queremos criticar a los compañeros de La Razón por su recordatorio, ni cuestionar el sólido recurso jurídico en defensa de la Doctrina Parot presentado por la Abogacía del Estado. Pero es evidente que hacer realidad el compromiso con ETA y convencer de la justicia de algo tan injusto como que un asesinato tenga el mismo reproche penal que veinte constituía una conocida campaña política dirigida a magistrados designados políticamente por los Estados europeos que el PSOE había iniciado hacía muchos años. Y el Gobierno de Rajoy podía y debía haberla contrarrestado políticamente y no sólo desde la juridicidad de un recurso.

De todas formas, y salvo que Rajoy haga suyos, también en esto, los compromisos de la paz sucia de Zapatero, la injusta sentencia del Tribunal de Estrasburgo no tiene por qué traducirse en una masiva excarcelación de etarras y demás asesinos múltiples: al margen de la controversia sobre la obligación de acatar esta sentencia en el caso de la etarra Inés de Rio, nada en nuestro ordenamiento jurídico, ni en la propia sentencia del Tribunal de Estrasburgo, obliga a una aplicación automática de la misma a otros casos.

Esperemos que sea verdad lo que han afirmado al alimón los ministros de Justicia y de Interior acerca de que cada caso será visto de "manera individualizada" por los tribunales. En caso contrario, habremos asistido a otro hipócrita homenaje que el vicio rinde a la virtud tan falso como aquel que los mismos personajes protagonizaron al afirmar que la excarcelación de Bolinaga era un "imperativo legal", o como el que protagonizó Rajoy al considerar que la permanencia de los proetarras en las instituciones no constituye una concesión a la banda terrorista.

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