El espectáculo surrealista que el PP nos ha brindado este martes en el congreso, al mostrarse partidario de votar en contra de una proposición de ley de las Cortes Valencianas, que había sido presentada por el propio PP y que reclamaba prohibir en la Ley del Deporte las ofensas a España y sus símbolos, deja en evidencia, desgraciadamente, algo más que una anecdótica falta de posición común en el Partido Popular en un determinado punto.
Este episodio no es más que un síntoma de un mal mucho más profundo que aqueja al partido que ocupa el Gobierno, como es la falta de un proyecto claro y compartido de cara a lo que hay que hacer en unos momentos en los que nuestro país sigue inmerso en la mayor crisis política e institucional de su reciente historia democrática.
Las disonancias que se producen en el seno del Gobierno, la falta de transparencia y comunicación de sus decisiones, así como la falta de correlación entre lo que predica y lo que practica, están siendo una constante desde que Rajoy decidió, nada más acceder a la presidencia, incumplir su promesa de no subir los impuestos y relajar el ritmo al que se había comprometido de cara a reducir el déficit público. No le ha faltado a este Gobierno comprensión, dada la catastrófica herencia de la que se tenía que hacer cargo, pero lo cierto es que no ha terminado de marcar una senda clara por la que va a circular.
Así, hemos podido presenciar en escasos días a miembros del Gobierno anunciar que nuestro sistema bancario no requería de ningún rescate, para, escasos días después, anunciarnos uno de unos 100.000 millones de euros; rescate que no deja de serlo porque no quieran denominarlo con esa palabra. Para colmo, el presidente del Gobierno, que retrasó un día su comparecencia para anunciar esa ayuda europea, piensa aplazar hasta la segunda semana de julio su comparecencia en el Congreso para explicarla.
El hecho es que, pese a ese rescate, la desconfianza hacia España ha alcanzado máximos históricos, hecho ante el cual fuentes de la Moncloa reconocen sentirse con "el pie cambiado" y sin saber "qué más puedes hacer, porque los mercados siempre quieren más". Desde luego lo que no hay que hacer es seguir por la senda de esconder, en una supuesta insaciabilidad de los mercados, la renuencia en el recorte del tamaño de nuestras administraciones públicas y del gasto público, la vista gorda ante la falta de ajustes de nuestras autonomías o la falta de una autentica liberalización de los mercados.
Para culpar a los mercados, al BCE, o a Alemania; para hacer la vista gorda ante nuestro insostenible modelo territorial o para hacer cosméticos recortes del gasto que se acompañan con nuevas y más contraproducentes subidas de impuestos, ya estaba Zapatero. La continuidad de ese modelo -por mucho que se riegue con ayudas que no hacen sino acrecentar nuestro ya de por sí preocupante endeudamiento- no hace más que acrecentar la desconfianza hacia nuestro país y aplazar las posibilidades de recuperación.
Lo que desde el Gobierno se debería entender a estas alturas es que la célebre afirmación de Rajoy de que "haré cualquier cosa, aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo vaya a hacer" es cualquier cosa menos un claro programa de gobierno capaz de recuperar la confianza en nuestro país. Por el contrario, la senda por la que el Ejecutivo de Rajoy debería transitar es la que cabría esperar de alguien que pretende ofrecer una acción de gobierno radicalmente distinta a la de su nefasto antecesor: una acción de gobierno que, en lugar de buscar las soluciones fuera, se ponga a la tarea de llevar a cabo las profundas y numerosas reformas que requiere nuestro país. El Gobierno puede y debe recuperar, y, sobre todo, practicar, ese discurso reformista del PP que hacía de la vertebración, la liberalización y la responsabilidad de España la auténtica palanca de su recuperación.