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EDITORIAL

Un nacionalismo incapaz de controlar su despilfarro

No hay razón para que los dirigentes catalanes se quejen de haber sido maltratados ni para exigir la relajación del déficit para el presente ejercicio

Como era de esperar, Cataluña ha sido una de las comunidades autónomas que ha incumplido el objetivo máximo de déficit para el ejercicio 2012, fijado para todas las autonomías en el 1,5% del Producto Interior Bruto regional. La Generalidad de Cataluña cerró sus cuentas del año pasado con un desfase del 1,96%, lo que significa que gastó casi mil millones de euros más de lo previsto en los presupuestos generales de 2012. La consecuencia lógica es que deberá hacer un esfuerzo superior en el presente año para enjugar ese desfase y cumplir el objetivo fijado para 2013, más exigente que en años anteriores al haber quedado establecido en el 0,7% del PIB.

 La claridad de los datos y la sencillez del mecanismo acordado para que las administraciones gasten según lo previsto elimina de raíz cualquier sospecha de discriminación de unas autonomías hacia otras. Sin embargo, los dirigentes nacionalistas catalanes, fieles a su inveterada costumbre, ya han salido a la palestra a amenazar con saltarse a la torera los objetivos presupuestarios del presente ejercicio si el gobierno se empeña en tratar a Cataluña como a cualquier otra comunidad autónoma española.

En el partido de Mas y Oriol Pujol ha sido éste último el encargado de protestar por una exigencia de reducción de déficit que considera "inviable", comprometiéndose de paso a combatir la "asfixia económica y cultural" a la que, en su opinión, el Partido Popular está sometiendo a Cataluña. Por su parte el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido al presidente catalán que aumente sus ataques a Rajoy y explique a los ciudadanos que los recortes presupuestarios no son consecuencia del despilfarro de la Generalidad, presente y pasado, sino del expolio al que España somete a los catalanes según la conocida matraca nacionalista.

Ambas formaciones olvidan explicar a esos mismos ciudadanos tres aspectos esenciales de la cuestión para entender por qué Cataluña es hoy una comunidad autónoma financieramente inviable. En primer lugar, lejos de esa cantinela del expolio, Cataluña recibe cuatro veces más fondos procedentes de la recaudación de impuestos en su territorio que Madrid, por poner el ejemplo más querido por el nacionalismo catalán. En segundo lugar, la financiación de Cataluña tras la aprobación del nuevo estatuto, sumada a las aportaciones extraordinarias del Gobierno para solventar situaciones extremas de tesorería, hicieron que la Generalidad recibiera el año pasado 11.000 millones de euros más de lo que le correspondía, a pesar de lo cual los actuales gestores fueron incapaces de cumplir un objetivo de déficit que sí alcanzaron comunidades autónomas mucho peor tratadas. Finalmente, si los ejecutivos anteriores, con el tripartito en el que formó parte ERC en lugar destacado, no hubieran disparado el endeudamiento público catalán, la losa que ahora pesa sobre sus finanzas sería mucho más llevadera de lo que es en la actualidad, algo que ocultan meticulosamente a su electorado para evitar asumir las responsabilidades que evidentemente les corresponden.

No hay razón por tanto para que los dirigentes catalanes se quejen de haber sido maltratados económicamente ni, mucho menos, para exigir la relajación de los objetivos de déficit para el presente ejercicio. La disciplina presupuestaria es imprescindible, en especial en el engendro autonómico, origen de los males que aquejan a nuestra economía y lastran nuestra salida de la crisis económica. El ejecutivo catalán debe cumplir con sus compromisos financieros exactamente igual que las otras dieciséis comunidades autónomas, que este año tendrán que hacer un esfuerzo añadido para rebajar el déficit autonómico al 0,7%. Teniendo en cuenta la propensión al despilfarro del nacionalismo, con sus canales autonómicos de TV y sus inacabables "embajadas" en el exterior, Cataluña es en realidad la que mejor lo tiene para introducir recortes presupuestarios sin afectar a servicios esenciales. En caso contrario, la Ley de Estabilidad Presupuestaria faculta al Gobierno para tomar las riendas de unas finanzas catalanas que, en manos de CiU y ERC, son un peligro no sólo para Cataluña sino también para el resto de la Nación.

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