Tal y como adelantó Mariano Rajoy en 2014, "las cosas le irán bien a la infanta". Dicho y hecho. Tres años después de ese profético vaticinio, la Audiencia Provincial de Palma absuelve a la infanta Cristina del bochornoso caso Nóos al considerar que no fue cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido en los años 2007 y 2008. Tan solo deberá pagar 265.000 euros como responsable a título lucrativo del chiringuito que montó Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres para enriquecerse, aún más, a costa del bolsillo de los contribuyentes, con la debida connivencia de políticos y organismos públicos.
El resultado de la sentencia no por más esperado era menos previsible. Se ha cumplido al dedillo el guión que, en su día, fijaron Rajoy y el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en aquella reunión que tuvo lugar en Zarzuela con el Rey Juan Carlos en 2014 para diseñar la operación "cortafuegos" que ha cristalizado en la sentencia que hemos conocido este viernes. La lamentable manipulación y los obscenos tejemanejes que ha protagonizado el poder político durante estos últimos años para que la balanza de la Justicia se incline a favor de la infanta, aún a costa de pervertir el sagrado principio de igualdad ante la ley, resulta lamentable e impropio de un Estado de Derecho que sea merecedor de tal calificativo.
Desde el minuto uno, se presionó e intrigó para retorcer la normativa e ignorar la jurisprudencia. Penoso fue el papel que jugó el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que, ejerciendo de facto como abogado defensor de Cristina, se empeñó, entre posado y posado en Vanity Fair, en que no fuera imputada, pese a las clamorosas evidencias existentes y en contra de la opinión del juez instructor, José Castro. E igual de surrealista e incomprensible fue la exculpación de fraude fiscal que pergeñó la Hacienda de Cristóbal Montoro para evitar que la infanta se sentara en el banquillo de los acusados, lo cual resulta sangrante si se tiene en cuenta el estricto –e incluso abusivo– celo que ejerce la Agencia Tributaria contra todo aquel que sea lejanamente susceptible de haber cometido cualquier tipo de irregularidad o trampa para evadir el pago de impuestos, ya no digamos un delito. Solo la obcecación del juez Castro fue lo que llevó a la infanta a pasar por el mal trago del banquillo, en contra de la voluntad de la Fiscalía, de Hacienda y del Gobierno.
¿La clave para su absolución penal? Su desconocimiento sobre lo que firmaba y su confianza ciega en su marido, fruto, según la Fiscalía, de un profundo enamoramiento que cegaba su visión y nublaba su conciencia ante la carrera delincuencial que decidió emprender su marido aprovechándose de la privilegiada posición que ostentaba su familia política. Insostenible, antijurídico y, sobre todo, ridículo. Salvo España, a partir de hoy, no se conoce Estado de Derecho en el que estar enamorado sea un eximente cuando se comete un delito o, todavía menos, que anule la responsabilidad penal derivada de dicho acto. Todo individuo, al menos sobre el papel, es igual ante la ley y responsable de sus actos al margen de sus circunstancias sentimentales. Además, si el desconocimiento de la ley no es eximente de la debida responsabilidad jurídica, carece de todo sentido que el amor ejerza como tal a la hora de firmar papeles y beneficiarse de la actividad delictiva de tu marido.
La Corona será, sin duda, la mayor perjudicada de la operación político-judicial que orquestaron PP y PSOE para contentar al Rey emérito. Los partidos políticos, lejos de defender el buen funcionamiento de las instituciones y el Estado de Derecho, se han comportado como cortesanos con el único afán de agradar al anterior Rey. Con este comportamiento han dañado seriamente a la institución monárquica y a un Felipe VI que desempeña sus funciones constitucionales de manera ejemplar e irreprochable.
Resulta dramático y bochornoso que las únicas críticas que oirán hoy los ciudadanos españoles a este enjuague vengan de tipejos como Joan Tardá o los podemitas, cuyo único objetivo es destruir la Nación y las instituciones democráticas. Mientras los partidos que dicen defender el Estado de Derecho –PP, PSOE y, lamentablemente, también Ciudadanos– tratan a los españoles como si fuésemos imbéciles, haciéndonos comulgar con ruedas de molino que ni ellos mismos se creen.
Lo que ha fallado no es la monarquía, sino los partidos políticos, el Gobierno y el Poder Judicial, que son la misma cosa y ese es precisamente el problema. Mientras no se aborden las reformas que nos devuelvan la separación de poderes y la independencia judicial, desaparecidas desde 1985, el Estado de Derecho en España no será más que una ilusión. La operación "cortafuegos" ideada expresamente para salvar la infanta Cristina deja impreso en el imaginario colectivo la triste realidad de que la ley es más igual para unos que para otros y que Hacienda, por mucho que los políticos digan lo contrario, no somos todos.