Se queja una nieta de Carrero Blanco en El País de que la Fiscalía solicita que se condene a una joven tuitera por comentar en la red el atentado de su abuelo diciendo: "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial". La libertad de expresión, dice, no debería "acarrear penas de cárcel". Naturalmente, el periódico aplaude su actitud y la equipara a la de Irene Villa cuando perdonó los chistes del concejal Zapata sobre sus amputaciones. Los lectores del periódico hacen lo propio, apreciando la bonhomía de la nieta, que demuestra que se puede ser sensible a pesar de provenir de la dictadura. Al parecer, la tuitera estudia Historia y quiere dedicarse a la enseñanza y una condena podría frustrar su prometedora carrera.
Es fácil compartir el recelo de Lucía Carrero-Blanco. A la cárcel por opinar se va en las dictaduras. Sin embargo, siempre fueron delito las injurias y las calumnias. En la lucha contra el terrorismo, el delito de enaltecimiento es un instrumento muy eficaz. ¿De ahí se debe llegar a condenar a quienes humillen a las víctimas con sus comentarios? Probablemente no, pero, hoy por hoy, es un delito. Que Lucía, apelando a su calidad de víctima, crea que la tuitera no debería ir a la cárcel por ello no es en absoluto, como no lo era el perdón de Irene Villa, causa suficiente para exculparla.
Ocurre, sin embargo, que cuando esta clase de delitos los comete gente de izquierdas, a todo el mundo le parece fatal que se condene a nadie. De hecho, el concejal Zapata fue absuelto. Como lo fue Rita Maestre por asaltar una capilla al grito de "¡Arderéis como en el treinta y seis", que es algo más que un chiste de mal gusto. El País recuerda que por unos comentarios al atentado de Carrero Blanco ya fue condenado a 18 meses de cárcel un señor que celebró que el almirante fuera enviado "al infinito y más allá del infinito". Pero hay que tener en cuenta que eso fue consecuencia de la torpeza de su abogado, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Si hubiera insistido en que su defendido fuera juzgado, seguro que lo absuelven. Lucía Carrero-Blanco no debería preocuparse tanto por Cassandra, que así se llama la ingeniosa tuitera, porque al final saldrá indemne y podrá cumplir su sueño de enseñar a los niños españoles lo malo que era el abuelo de quien ahora sale en su defensa.
Los delitos de opinión, especialmente los de odio, están pensados para condenar a gente de derechas. ¿Habría Lucía Carrero-Blanco escrito una carta similar en el caso de que una conocida persona de derechas hubiera menospreciado o humillado a un conocido homosexual o a una famosa lesbiana por el hecho de serlo? Seguro que no. Y aunque la hubiera escrito, el periódico no la habría publicado. Y, en cualquier caso, al delincuente lo habrían condenado entre el aplauso general aunque hubiera mediado el perdón de la víctima. Los de izquierdas no pueden ir a la cárcel por opinar porque siempre lo hacen con buena intención y por un ideal. Los de derechas son otra cosa.