Es sabido que el PSOE reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que su presidenta, María Emilia Casas, pudiera seguir siéndolo transcurridos los tres años de mandato que fija la Constitución y que la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña se retrasara todo lo que al Gobierno conviniera. De paso, también se reformó el sistema de elección de los cuatro magistrados del Constitucional que vota el Senado. Se estableció que la Cámara Alta los elegiría de entre los candidatos que propusieran los diecisiete parlamentos autonómicos.
El 29 de septiembre vence el plazo para presentar nombres, dos como máximo por parlamento. La mayoría de ellos apenas tiene interés en el asunto. Y es casi seguro que algunos no propondrán a nadie. ¿Para qué iban a hacerlo? Cualquiera que propusieran las Comunidades Autónomas de segunda, aunque fuera el mismísimo Savigny, no tendría ninguna oportunidad por el sólo hecho de haber sido designado por ellas. Díganme, si no, qué puede esperar un candidato proveniente de Murcia o de La Rioja.
Otra cosa es Cataluña. Allí se da por hecho que al menos uno de los que digan será magistrado del Constitucional. Están tan seguros porque la reforma tiene precisamente ese objeto: otorgar a Cataluña el privilegio de designar directamente a uno de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Privilegio que, naturalmente, no tiene sentido reconocer a las demás, con la excepción quizá del País Vasco. Tan es así que lo más probable es que la propuesta de Cataluña se limitará a un nombre para evitar equívocos y que los senadores sepan muy bien a quien tienen que votar.
Las dificultades que está teniendo el Parlamento catalán para dar con la persona adecuada no se deben a la escasez de catalanistas estudiosos de la Constitución (la mayoría para ver el modo de cargársela), sino porque casi todos participaron de uno u otro modo en la elaboración del Estatuto. El haber colaborado en la redacción puede ser causa de recusación. Naturalmente, la Generalidad no quiere que el catalanista que vaya al Constitucional, que irá para votar a favor de la constitucionalidad del Estatuto, se vea privado por una recusación de hacer precisamente aquello para lo que se le nombra.
Seguro que al final encuentran a alguien. Pero quién sea es lo de menos. Lo escandaloso es que, en un procedimiento abierto en el que diecisiete parlamentos supuestamente iguales han de proponer a treinta y cuatro candidatos, hoy ya sabemos que el que venga de Cataluña, sea una lumbrera o un zote, será con toda seguridad elegido. Y lo será además para defender, en el seno del Tribunal, la constitucionalidad de las muchas inconstitucionalidades que pesan sobre el Estatuto de Cataluña.
No se sabe qué ocurrirá con los nombres que vengan del País Vasco. Para las demás, la única posibilidad que hay de que sea nombrado alguno de sus candidatos se limita al caso de que alguna de las cúpulas de los dos grandes partidos les haga la caridad de decirles qué nombres quiere que salgan.
Si en España reina la división de poderes, que venga Dios y lo vea. Y encima, el Supremo, ilegalizando por unanimidad a golpe de látigo del Gobierno. ¡Muera Montesquieu!