España es un régimen clientelar. El poder político domina los medios de comunicación a cambio de subvenciones directas o bajo la forma de publicidad institucional. El profesorado accede con frecuencia a sus puestos gracias a su proximidad a un sindicato. Cuanto más grande es una empresa, más dependen sus cuentas de resultados de decisiones arbitrarias del poder político. Se reparten subvenciones, ayudas, prestaciones y demás bicocas entre las más variopintas asociaciones sin el más mínimo control. Esto no sólo lo hace el Gobierno central, sino que especialmente lo hacen los Gobiernos de las comunidades autónomas. Así, los grandes partidos se aseguran una clientela que, por mala que sea su gestión, garantiza que los resultados electorales nunca supongan el batacazo que merecerían.
Los resortes legales que en casi todas partes han sido utilizados para implantar este régimen, en Cataluña han sido puestos al servicio del separatismo. El Gobierno de la Generalidad ha podido montar su inmenso aparato de propaganda sin violar una sola ley. Los medios de comunicación separatistas han recibido cuantiosas subvenciones y los que no lo eran también, a cambio de reconvertirse en tales. Lo han hecho arropados por las mismas leyes que permiten a los Gobiernos de otras regiones financiar medios afines o al Gobierno de España subvencionar el sándwich de Mauricio Casals. Las asociaciones independentistas, como cualquier otra próxima al poder político en el resto de España, han sido generosamente regadas con dinero público. Los Jordis están en la cárcel por sedición y sin embargo nada puede hacerse hoy para impedir que sus asociaciones separatistas continúen recibiendo dinero de todos los españoles porque se amparan en las mismas leyes que permiten financiar a las afines al PP y al PSOE. El Gobierno de Cataluña ha podido contratar a profesores independentistas con el encargo de adoctrinar al alumnado porque las leyes españolas consienten que primen los criterios arbitrarios sobre los objetivos. Las empresas catalanas han estado calladas acerca de los evidentes perjuicios de la deriva independentista porque las leyes hacen que sus beneficios dependan en gran medida de las decisiones caprichosas del Gobierno catalán, como en otras comunidades dependen de las de los respectivos Gobiernos regionales.
Aplicar el artículo 155 en Cataluña no tiene sentido si no es para erradicar el entramado independentista que controla los resortes del poder en Cataluña. Pero, para hacerlo, hay que igualmente reformar o derogar las leyes que ampararon su creación. Y sin desmantelar el aparato de propaganda, nada podrá hacerse en Cataluña a largo plazo. Pero el Gobierno no quiere hacerlo porque tendría también que acabar con el edificio legal que sostiene el régimen clientelar en el resto de España. Así que cuando Rajoy y Sánchez vacilan en aplicar el 155 no es sólo por cobardía. También es porque se juegan el régimen que les garantiza el poder y, sobre todo, la forma arbitraria con la que lo ejercen.