Supongamos que las esperanzas de los muchos españoles que desean que Cataluña siga siendo España se cumplen. No sólo, sino que lo hacen de la mejor manera posible. Supongamos, pues, que el Gobierno consigue evitar que el referéndum se celebre, que todos los que han cometido una ilegalidad se ven obligados a responder ante la Justicia y que la crisis política catalana se resuelve con la convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas donde las urnas, esta vez sí, deciden de forma genuinamente democrática que gobiernen los partidos que no son independentistas. Pues bien, aunque se dieran todas esas felices circunstancias, hay cosas que seguirían carcomiendo igualmente la unidad de España. En Cataluña continuaría habiendo una parte considerable de la población convencida de que formar parte de España les perjudica, de que el resto de los españoles explotamos su riqueza, de que millones de españoles viven sin dar palo al agua gracias al dinero expoliado a los catalanes, de que Cataluña es una de las regiones más ricas de España porque sus habitantes son más trabajadores y de que no lo es más porque es parte de España. Muchos de ellos seguirían pensando igualmente que el resto les envidiamos y despreciamos su lengua y su cultura. Y el Gobierno de la Generalidad que saliera de las urnas, aunque no fuera independentista y muy especialmente si estuviera dominado por los socialistas, seguiría alimentando el victimismo nacionalista y exigiendo un trato especial, esto es, desigual. Se seguiría multando a quien rotule en español y se seguiría impidiendo a los niños que tuvieran como lengua materna el español escolarizarse en ella.
¿Es que un Gobierno con el PSOE o Podemos iba a restablecer la vigencia de la Constitución en Cataluña? Al contrario, la izquierda de allí y de toda España exigirá una reforma constitucional en consideración a Cataluña. Y los nacionalistas la tolerarán a regañadientes a la espera de poder volver a intentar la independencia formal. Y mientras, ir destinado a Cataluña desde cualquier parte de España, especialmente si se ha de ir con niños pequeños, seguirá siendo ir a ser tratado como ciudadano de segunda. Y seguirá siendo necesario, para poder allí dirigir una empresa importante, encabezar una iniciativa relevante o desarrollar una inversión de enjundia ser catalán o extranjero, pero desde luego le será imposible a un español que proviniera de cualquier sitio que no sea Cataluña. Y habrá muchos que seguirán pensando que el valenciano y el mallorquín, en cuanto variantes del catalán, justifican que los territorios donde se hablan pertenezcan a la nación catalana, mucho más cuando ésta haya sido reconocida constitucionalmente como tal.
Esto es lo mejor que puede pasar. El resto de alternativas sólo pueden ser peores. Hace tiempo que empezamos a dejar de ser España. Que a veces el proceso se acelere o frene no significa que la tendencia general no sea hacia la desintegración. Cuando la presidenta de Andalucía afirma que su región no es menos que Cataluña, lo que parece que en realidad está reclamando es el derecho a ser tan responsable de la liquidación de España como pueda serlo el presidente de la Generalidad.