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Es el Gobierno ¡estúpido!

Ha llegado la hora de dar una oportunidad al liberalismo; al ciudadano frente al Estado.

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Pedro Sánchez | Twitter

La historia moderna de la política ha sido un enfrentamiento constante entre el gobierno y los ciudadanos; es decir entre los que creen que el eje de la política radica en el poder ejecutivo y los que piensan que éste debe estar en los ciudadanos. En el primer plato de esta balanza se asientan los partidos conservadores y socialistas, que comparten una única preocupación; quién debe gobernar; o mejor dicho, dirigir toda la acción política para obtener el gobierno. En el otro plato de la balanza se hayan los denostados liberales, cuyo principal eje vertebrador consiste en delimitar los poderes del gobierno frente a las personas.

La alternancia en el poder de socialistas y conservadores sólo ha tenido un destino común, la macrocefalia del gobierno, invadiendo progresivamente todo lo que tiene que ver o afecta a la vida del ciudadano. Y este largo periodo de postguerra nacido en 1945, sólo ha servido para justificar moralmente la falacia, es más, el imperativo categórico, de que sólo los derechos estarán garantizados con gobiernos fuertes; en especial los denominados derechos sociales, una definición manifiestamente tergiversada para justificar la invasión del estado en la economía y en la asignación arbitraria de derechos.

Al Partido Popular, como a todos los partidos de la derecha, les encantan los gobiernos poderosos, con fuerzas de seguridad y armadas que reflejen el poder del estado; que concentre más y más competencias, especialmente al servicio de su moral, que es muy respetable pero sólo suya. La derecha nunca adelgaza gobiernos ni baja los impuestos salvo para recaudar más, utilizando una falacia económica de dudoso contraste en términos generales.

A la izquierda, también le apasiona el gobierno; regular al máximo la vida de los ciudadanos en la creencia diseñada por Hobbes, de que el hombre es un lobo para el hombre; cuando más bien debería redefinirse el término por el "el Gobierno es un lobo para el hombre". En los partidos socialistas se ha extendido la idea de que la clase profesional política y los funcionarios se hayan en la mejor ubicación moral e ideológica para hacer política social, que los ciudadanos individuales nunca harían, basándose en la desconfianza que les generan las personas guiándose por su libre arbitrio.

Pero este planteamiento es en primer lugar inmoral; es impropio de un sistema democrático y por último es falaz.

No hay nada más inmoral que ser irrespetuoso con otras moralidades; y el conservador recela de otros modos de vida o de relación que no se asemejen a su modelo tradicional. Tampoco parece muy moral pensar que las personas son capaces de elegir gobernantes, de sacar adelante a sus familias o empresas, y que nunca podrían decidir lo mejor para la colectividad sin el superior mando del gobierno. Y sobre todo es inmoral porque supeditamos el bienestar de todos los ciudadanos a una elección basada en criterios cambiantes y a menudo poco éticos; es decir si nos equivocamos y nombramos a un gañán, no hay forma de quitárselo de encima una vez que se asienta sobre la estructura mediática dominada por el gobierno y pagada por los ciudadanos, para lo que sin duda sí que son útiles las personas.

En una democracia avanzada como la mayoría de las europeas, las personas tienen unos criterios morales y pragmáticos mucho más elevados o al menos iguales que la de los ciudadanos que ocupan los gobiernos y la administración; son capaces de organizarse con mayor flexibilidad y de generar adhesiones a grandes objetivos morales, políticos y económicos. Elegir a un dictador cada cuatro años, sin controles reales sobre la gestión, sin capacidad de crítica ante una legión de medios de comunicación subvencionada, sin posibilidad de recurrir al Constitucional cuando se vulneran derechos fundamentales, cuando se permiten golpes de estado que ya han sido perdonados cuando todavía huele el cadáver de la Constitución en Cataluña, es la clara demostración de que los gobiernos desoyen a sus ciudadanos; que les dirigen en su vida económica, familiar y moral, sin atender a sus criterios individuales sino a las necesidades de un político que busca la reelección como el principal objetivo político en si mismo. Un gobierno que domina el 50% del producto interior bruto y amenaza al otro 50% es un gobierno de escasa pureza democrática.

Finalmente es una falacia. No es cierto que necesitemos de gobiernos fuertes para garantizar el acceso a la vivienda, el final de la pobreza infantil, la escolarización plena, el salario mínimo digno; de hecho ninguno de estos objetivos se ha conseguido a pesar de décadas de gobiernos omnipotentes, luego ¿Por qué insistimos en el modelo que además de amenazarnos constantemente en base a una supuesta superioridad moral del gobierno frente a los ciudadanos, ha sido incapaz de terminar con las miserias que nuestra sociedad todavía padece?

La alianza del sector público y la clase política, fruto de la constante politización de la primera, es el mayor obstáculo para el desarrollo social y económico; donde el sector productivo asiste impávido al desarrollo de una serie de privilegios cuyo coste al final recae sobre los que generan riqueza, trabajadores, autónomos, creativos y empresarios.

Por eso ha llegado la hora de dar una oportunidad al liberalismo; al ciudadano frente al estado; el gobierno debe, como mucho, ser el timonel que ajuste la deriva de la nave nación, pero de ahí a que sea el armador hay una gran diferencia. Pero ¿De qué sirven los gobiernos fuertes si cuando chocamos con el iceberg, se empeñan en decir que no pare la música, mientras el buque nación se hunde?

El gobierno en el liberalismo moderno tiene un gran papel esencial, hacer que se cumplan los derechos de los individuos y se respeten, especialmente por los propios gobiernos, y no necesita para ello de miles de regulaciones, códigos ni de una legión de funcionarios, sino de un adecuado sistema de incentivos y penalizaciones. No se trata de definir quién va a gobernar si no de para qué queremos al gobierno, y de cómo vamos a controlar que está a nuestro servicio.

En una sociedad plural, confiar en los ciudadanos no es transferir el poder a los ricos, horroroso concepto que mantengo por claridad, en el empresario opresor enemigo de los derechos mal llamados sociales, explotador en la terminología marxista, sino en todos y cada uno; pensionistas, parados, trabajadores, empresarios; seguro que todos y cada uno de ellos saben mejor que nadie cómo deben ser manejadas sus vidas, sus valores y sus destinos; sólo necesitan que el gobierno asigne los recursos para corregir los desequilibrios, pero sin invadir esferas de privacidad, sin imponer su moral, sin bombardearnos con sus proclamas ni monopolizando el producto interior bruto. El problema, parafraseando a Clinton, es el gobierno, estúpido.

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