El resumen de la reunión del 'Comité Central' del PSOE ha sido el mejor botón de muestra de la radiografía de la impunidad de este Gobierno. El resumen lo encontré hace años en un cartel electoral en Jalisco: "Seremos corruptos, pero por lo menos hacemos cosas". Es decir, la corrupción es el precio que tiene que pagar la sociedad española para que este Gobierno salve a la patria. Nada nuevo en la historia.
Lo ocurrido demuestra que la corrupción política y económica en España no es solo un fallo del sistema legal, sino que es, sobre todo, el síntoma terminal de un desmoronamiento moral previo que las leyes y los partidos son incapaces de contener.
La fotografía del sector público español ofrece síntomas alarmantes de fatiga institucional. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúa a España con una puntuación de 55 sobre 100, lo que representa su peor resultado en lo que va de siglo. Este declive no es una anomalía estadística, pues coincide con un escenario judicial donde las tramas que salpican tanto al entorno del Gobierno copan portadas diarias. Ante este panorama, la receta de Sánchez siempre es la misma: la promesa de nuevos organismos de control y la tranquilidad de la generalización de la corrupción como autojustificación; es decir, no hacer nada, porque difícilmente el criminal quiere luchar contra el crimen.
Como advierte el propio informe de Transparencia Internacional, las caídas de los índices se asocian al "fracaso de la buena gobernanza y del liderazgo responsable". El problema no radica en la falta de artículos en el Código Penal, sino en la demolición de los diques éticos que deberían operar mucho antes de que un político estampe su firma en un contrato público inflado.
El primer escalón: la erosión de los principios individuales
Para que un cargo público desvíe fondos o un empresario pague una comisión ilícita, debe producirse un proceso previo de autojustificación. Es la corrupción de los principios, un fenómeno colectivo que excede al corrupto. Si el líder corrompe los principios que le llevaron al poder, ¿qué va a pensar el putero o el chorizo que ha sido nombrado por el gran corruptor?
En este estadio, el sujeto no se percibe a sí mismo como un delincuente, sino como un pragmático. Frases integradas en la cultura popular como "si no lo hago yo, lo hará otro" o "el sistema funciona así" actúan como anestésicos de la conciencia. La lealtad al clan, a las siglas del partido, sustituye al deber moral hacia el bien común. Cuando el principio de integridad se subordina a la conveniencia, y esta se aleja de los principios, el individuo queda moralmente inerme ante la tentación del poder económico o político.
El segundo escalón: la normalización y el cinismo colectivo
Esta erosión individual se generaliza y solo es posible cuando existe una corrupción todavía mayor y más grave que la económica y la de los principios, que es la corrupción moral de la sociedad provocada por un gobierno amoral. Una comunidad sana aísla al tramposo; una sociedad moralmente enferma lo tolera si pertenece a los suyos o si percibe que la trampa es el único camino para la supervivencia o el éxito. Ve la lucha contra la corrupción como una amenaza a su régimen, porque ambos no pueden vivir separados. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que traiciona los principios fundacionales de la nación, que son puestos en cuestión atendiendo a la versión de los que niegan la realidad porque no les agrada, para supeditarlos a una conveniencia de corto recorrido?
Cuando la picaresca se eleva a la categoría de astucia, y la honestidad se confunde con la ingenuidad, la moral colectiva se agrieta. El debate político en España se ha vuelto profundamente cínico: la indignación ante el fraude no depende de la gravedad del acto, sino del carné de afiliado de quien lo comete. Esta polarización moral actúa como el caldo de cultivo idóneo para la impunidad, ya que los entornos políticos saben que sus bases perdonarán las irregularidades a cambio de mantener trinchera frente al adversario.
El asalto a la justicia: la última trinchera profanada
La máxima expresión de este colapso moral ocurre cuando la corrupción, insatisfecha con el saqueo de los recursos públicos, con el fraude a los votantes y con la debilidad moral de la nación, decide asaltar la independencia del Poder Judicial. Cuando los partidos políticos colonizan los órganos de gobierno de los jueces y desatan campañas de deslegitimación contra los magistrados que los investigan, la descomposición ética alcanza su fase terminal. La corrupción existe porque se ha legislado en los gobiernos socialistas para dominar a los poderes controladores del Estado, Parlamento y poder judicial, para imponer una dictadura con votos, que es en el fondo lo que es una democracia corrupta.
El descrédito de la justicia no es un daño colateral; es una estrategia deliberada de la amoralidad política para desactivar el último dique de contención del Estado de derecho. Si los ciudadanos perciben que los tribunales ya no aplican la ley con ciega igualdad, sino bajo el dictado de la conveniencia partidista, se destruye la confianza institucional y se legitima el cinismo colectivo: se asume que la trampa no solo es rentable, sino que está plenamente protegida por el propio poder que debió combatirla. La independencia del poder judicial es la única arma que le queda a la sociedad para confiar que todo esto tiene solución, de ahí que se pretenda inundar el poder judicial de la misma red de corrupción moral para ponerlo en cuestión.
La reforma de las reglas del poder: ley electoral y partidos
El blindaje institucional frente a esta deriva exige alterar las reglas de juego del propio poder político. Esta debe ser la prioridad número uno del nuevo Gobierno del Partido Popular. Solo con conseguir esto ya habrá merecido la pena. Una reforma profunda de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General debe acabar con las listas cerradas y bloqueadas, un modelo que fomenta la sumisión del político al líder del partido en lugar de a sus electores, destruyendo el principio de rendición de cuentas.
Asimismo, resulta imperativo asfixiar los canales de la financiación de los partidos políticos, prohibiendo por ley las donaciones de fundaciones vinculadas a grandes corporaciones y la de sus propios cargos colocados en el Gobierno, que deben abonar un impuesto revolucionario a su partido a cambio del puesto de trabajo, endureciendo además las sanciones ante el uso de créditos bancarios condonados, que a menudo actúan como peajes encubiertos. Los controles posteriores no sirven y hay que situar a la Intervención General de Estado en la gestión de los partidos políticos, ya que son instituciones constitucionales financiadas mayoritariamente por fondos públicos.
Por último, la limitación legal de mandatos a un máximo de ocho años para la presidencia del Gobierno, de gobiernos autonómicos y de ayuntamientos, así como la presidencia de organismos autónomos y sociedades estatales, desactivaría la creación de redes clientelares y dinámicas de "captura del Estado", garantizando una regeneración de perfiles imprescindible para mantener sanas las instituciones públicas.
Decía Tácito que un gobierno corrupto legisla mucho y crea multitud de organismos. El Gobierno emplea en sociedades estatales instrumentales a casi 200.000 personas, con ingresos cercanos a los 10.000 millones, empresas dirigidas por cargos políticos que gestionan con mayor flexibilidad los intereses públicos y privados, amparándose en la ineficiencia del sistema de contratación que el propio Gobierno ha creado para terminar conduciendo a esta violación continua de la transparencia y competencia que supone adjudicar contratos a empresas públicas por su propia incapacidad de gestión. La privatización del sector público estatal es otra acción indispensable para adelgazar las oportunidades de corrupción, para evitar el control político de una parte sustancial de la economía y sobre todo para proteger la iniciativa privada.
El camino de vuelta
Garantizar la regeneración de la vida pública exige asumir que la economía no se limpia sin moral. Mientras las soluciones propuestas se limiten a parches legales o a reproches cruzados en el Congreso, la corrupción seguirá mutando y adaptándose a los nuevos controles. Pero nada es gratis: el Partido Socialista ha caído en esta decadencia para ganar unos meses, no por la agenda legislativa sino por la judicial, que no le interesa al pueblo.
En Europa, la corrupción ha sido un factor fulminante y devastador para los partidos socialistas que han caído en la Pasokización que nació tras el colapso del histórico partido socialista griego PASOK, tras décadas en el poder por los brutales escándalos de corrupción sistemática, clientelismo y ocultación de la deuda pública.
Un destino similar sufrió el Partido Socialista Italiano (PSI) a principios de los años 90. La macro-investigación judicial conocida como Mani Pulite destapó una red sistémica de sobornos liderada por el entonces primer ministro socialista Bettino Craxi. El escándalo fue de tal magnitud que el PSI se disolvió y desapareció por completo del escenario político italiano tras quedar moralmente desahuciado. De mismo modo, el escándalo del Catargate a finales de 2022, que involucró la detención de la eurodiputada socialista griega Eva Kaili –vicepresidenta del Parlamento Europeo por el grupo de los Socialistas y Demócratas– por aceptar sobornos en efectivo de gobiernos extranjeros, dejó una mancha profunda en la reputación ética de la delegación socialista en Bruselas.
El daño que produce la corrupción en la socialdemocracia europea sigue un patrón muy claro: pérdida de la superioridad moral, fuga de votos hacia los extremos y fragmentación de la izquierda.
El presidente Page ha quedado en este Comité Central como el doctor Stockman, de la siempre actual obra de Ibsen un Enemigo del pueblo, que descubre que las aguas están contaminadas por los desechos de las industrias locales, lo que le enfrenta a su hermano, el alcalde y los propios habitantes del pueblo, quienes prefieren ocultar la verdad por intereses económicos. No vencerá en la novela, pero no cederá, sabiendo que le asiste la razón. Como el doctor Stockman, Page no huirá, se quedará para educar a las nuevas generaciones del partido, que serán los únicos que podrán evitar el imparable colapso.