Estos movimientos, como bien entendió Hannah Arendt, no son nacionalistas; son ecuménicos y, a menudo, antinacionalistas en sus acciones, aunque no siempre en su discurso.
El carácter tiránico de Chávez se ha manifestado de maneras diversísimas. Este militar posee personalmente todos los poderes de la antigua República de Venezuela, y ha llegado a considerar el país como su hacienda; su pulpería, como diríamos en mi querida patria, antaño refugio de perseguidos políticos, cantado hasta por Rubén Blades ("Voy corriendo a la frontera, a salvarme en Venezuela"), y ahora exportador de perseguidos políticos y sembrador de tiranías.
Desde luego, las necesarias medidas que un movimiento totalitario necesita para sembrar el terror en un país incluyen intervenir los tribunales y la policía judicial, por una parte, y amenazar con sanciones a los medios de comunicación en caso de que aventuren conjeturas que no puedan probar, por la otra. En un escenario en que los órganos de policía de los tribunales, y los tribunales mismos, son controlados férreamente por el tirano, puede éste liquidar de manera física o jurídica a sus opositores de mil maneras, sin que aquéllos pronuncien un solo veredicto formalmente contrario a los "derechos del hombre".
Es así como, por ejemplo, pudo torcerse la verdad acerca de los hechos de la triste tarde del 11 de abril de 2002, cuando una masacre de civiles inocentes costó a Chávez el poder por 48 horas. Tras la sombría vuelta del tirano al poder, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional encontraron exactamente la verdad sobre los acontecimientos. No enviaron a nadie a prisión, porque era claro que las órdenes de asesinatos en masa dadas por el tirano, unidas a las súplicas que obtuvieron para Chávez la protección de dos obispos, habían dado lugar a un vacío de poder.
La Asamblea y el Tribunal, por cierto, estaban entonces controlados por seguidores de Chávez, pero por la porción de éstos que no participaban en el carácter gangsteril que más tarde asumió el "régimen". Mas, una vez que la otra porción se impuso en ambas instituciones, las sentencias y decisiones en torno a aquella jornada fueron revocadas y alteradas conforme a la voluntad totalitaria del Jefe.
Los ingresos petroleros, por otra parte, han brindado recursos para cambiar la presentación mediática de lo ocurrido: ahora es la desarmada e indefensa oposición la que agredió a los pobres y heroicos partidarios del Gobierno. Lo que los esbirros del régimen no pueden explicar, y está demasiado vivo en la memoria de los venezolanos, es por qué Chávez ordenó y ejecutó una cadena televisiva y radial mientras la matanza andaba en curso, y no dijo una palabra acerca de ella. "El país está en calma", era la consigna oficial durante la sangrienta tarde del 11 de abril.Desafortunadamente, la matanza de los opositores al Gobierno no acabó en abril de 2002. Revisemos un número pequeño de hechos al respecto. El 24 de enero de 2003, por ejemplo, María Sol Pérez Schael pudo hablar de "terrorismo de Estado". En esa fecha, la ingenua aunque valiente Janet Kelly, uno de los líderes de la Coordinadora Democrática y de la huelga general, desestimaba las apreciaciones de Pérez Schael y, manifestando gran alegría de vivir, compraba el diario Daily Journal. El 24 de marzo, sin embargo, cometió un sorpresivo suicidio que frustró sus planes de reformar la Coordinadora Democrática y reorganizar la oposición a Chávez. Como dato curioso, tenía una nota en su bolsillo, con su nombre y otros datos identificatorios.
Unos meses más tarde el concejal oficialista Carlos Herrera denunció que su amigo el fiscal Danilo Anderson había sido asesinado por altos funcionarios del Gobierno, y que él mismo había sido objeto de amenazas y de un intento de homicidio: "El 26 de diciembre fue objeto de un atentado, pues cuando se desplazaba por la carretera Panamericana hacia Caracas su vehículo perdió un neumático y casi pierde el control. 'No sé dónde ni cuándo, pero me aflojaron las tuercas de un caucho, el cual salió disparado y por poco me voy por ese barranco hasta Coche'". (v. El Universal, 6-I-2005: 'Herrera refuta denuncias de Chacón').
El Gobierno se sirvió del homicidio de Danilo Anderson para eliminar a varios ciudadanos vinculados a la oposición y totalmente ajenos a la muerte del fiscal, de acuerdo con muchos indicios y, sobre todo, de acuerdo con el citado testimonio de Herrera. Uno de ellos, Antonio López Castillo, se enfrentó a una comisión de la policía y murió en un intercambio de disparos, según la versión oficial. Un agente resultó muerto –como dato curioso, pertenecía a la División contra Drogas, no a la de Homicidios–. El abogado de Castillo, sin embargo, declaró que, sin duda, éste había sido ajusticiado con un tiro a quemarropa en la cabeza.
Durante la semana del 17 al 21 de mayo de 2004, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela determinó que el Gobierno no había recogido suficientes firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilfredo Rojas. Pero esto no ocasionaría un gran dolor de cabeza al Gobierno. El "azar" vino de inmediato en su ayuda. Ese domingo 23 el diputado murió en un "accidente" de tránsito, y su esposa resultó gravemente herida.
Poco antes, el 4 del mismo mes, moría en Maracaibo Ángel Ciro Pedreáñez, de un "súbito paro cardiopulmonar". Este valiente soldado se había atrevido a declarar, y grabar, la verdad de lo ocurrido más de un mes antes, el 31 de marzo, en una celda de castigo de Fuerte Mara: ocho soldados rasos, todos firmantes de la solicitud de referéndum revocatorio contra Chávez, resultaron quemados en un extraño "accidente", causado por un lanzallamas o por el uso de sustancias combustibles.
Según los informes oficiales, el soldado Pedreáñez y sus compañeros habían sufrido "heridas leves". Además, era claro que el estado de Pedreáñez mejoraba. Pero pronto la naturaleza vino en ayuda del Gobierno, una vez más, y el testigo incómodo sufrió el dicho paro cardiopulmonar. Otro de los soldados rasos, Bustamante, había muerto el 4 de abril como consecuencia de lo que, en declaraciones de Chávez en su programa televisivo de esa misma fecha, eran "heridas leves".
En una nota de prensa fechada el 26 de abril de 2006 se puede ver a un antiguo partidario del tirano Chávez afirmando que "la inseguridad es política de Estado". En tal contexto, acusa al Gobierno de siete de las muertes ocurridas en el último mes: "Se refirió directamente a los crímenes del general Tomás Moncanutt (asesinado en el Zulia), al del empresario Filippo Sindoni e incluso al de los hermanos Faddoul [y su chófer], como una retaliación del Gobierno" (v. El Universal). A esto habría que añadir que en el funeral de los hermanos Faddoul resultó muerto por un disparo a quemarropa un reportero gráfico. Éste logró recoger en su cámara la figura de su victimario: conducía una motocicleta de la policía. El Gobierno adujo que dicha motocicleta había sido robada poco antes.
Este es el contexto en que hay que juzgar uno de los "hechos" más horrendos "acaecidos" en los ocho años de tiranía. La semana pasada la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se encontraba en vivo debate con el "régimen". Dos puntos, sobre todo, constituían el foco de la discusión: la autonomía y confiabilidad del Consejo Nacional Electoral, por una parte, y el sistema educativo (tanto la educación religiosa como el indoctrinamiento totalitario).
Pero, ¡qué casualidad, qué fortuna para el Gobierno!, precisamente en la madrugada del sábado, cerca de las seis de la mañana en las versiones policiales, el subsecretario de la Conferencia Episcopal, padre Jorge Piñango, decidió ir a un hotel de mala vida con un hombre joven y resultó asesinado.
Por primera vez en su carrera, faltó ese sábado a la reunión de las ocho de la mañana. El lunes fue encontrado desnudo, estrangulado, con moretones en algunas partes del cuerpo. Le robaron todo, pero, como dato curioso, dejaron su tarjeta del Seguro Social, como para que se pudiera identificar rápidamente.
Durante los días 24 y 25 de abril, sin ningún dato real, el fiscal general de la República –no uno de inferior jerarquía– pontificó sobre el caso de modo ofensivo para con el sacerdote asesinado. Los medios oficiales, además, le dieron un tratamiento amarillista. Ante estos hechos, la Conferencia Episcopal afirmó, primero, que las circunstancias de la muerte eran "extrañas". Segundo, dejó en claro que "la trayectoria humana y sacerdotal del padre Piñango estuvo marcada, durante más de veinte años de ministerio sacerdotal, por el espíritu de las bienaventuranzas evangélicas y su definida vocación de servicio" (Globovisión Digital, 25 de abril). Y luego, por medio de Diego Padrón, arzobispo de Cumaná, dijo que "la gente ha sentido" que ha habido un manejo en el lenguaje, con cierto regocijo en la descripción de ciertos aspectos que pertenecen a la reserva legal, que lleva al descrédito del padre y de su familia.
"No hay duda que (...) en el fondo a quien se quiere dañar es a la Iglesia". "La CEV hizo constar que no ha tenido ninguna participación en la cadena de custodia de los elementos de investigación, traslado del cadáver, ni acceso al respectivo expediente, debido a que han observado, 'por la experiencia de otras muertes', que ha habido manipulación de los casos" (El Universal).