Las Fuerzas de Seguridad, cornudas... y apaleadas

Se veía venir y vino. El caso Alexander King, básicamente un claro ejemplo de incompetencia legal y judicial, está siendo tratado, por culpa de la prensa, como si exclusivamente de un error policial se tratara. Si en un primer momento el caso fue utilizado también torpemente para arremeter contra el Jurado Popular, ahora se ha abierto un injusta crítica —fundamentalmente a cargo de El Mundo y, sobretodo, El País— sobre la supuesta falta de coordinación policial y un respaldo de ambos diarios a la disparatada propuesta del PSOE de suprimir la Guardia Civil. Los periodistas, como era de prever y veremos más adelante, están dispuestos a ver la paja en el ojo de las fuerzas de Seguridad sin reparar en la viga de la Administración de Justicia.

El País dirige una crítica a la totalidad de la intervención del ministro Acebes al que acusa de emplear “ese truco que el Gobierno del PP maneja con tanta insistencia como eficacia: desparramar responsabilidades para asumir las propias”. “Ahora sabemos que, antes de las muertes de Rocío y Sonia, Scotland Yard había alertado sobre la peligrosidad de King y que esa información no fue incluida en ninguna de las bases que consultan los agentes operativos”.

El País también arremete contra el ministro del Interior porque “el lunes había acudido a la cortina de humo de acusar a los socialistas de querer aniquilar la Guardia civil, una falacia que Aznar repitió sin sonrojarse ayer mismo. No, el caso King no versa sobre el porvenir de la Guardia Civil, ni siquiera sobre su desmilitarización, sino sobre una de las cosas que funcionan mal en España, la seguridad ciudadana, y también sobre las tácticas de distracción con que el Gobierno afronta ese y casi todos los problemas”.

El que ciertamente no se “sonroja” es el editorialista de El País tratando ahora de presentar la propuesta del PSOE como algo distinto a lo que inicialmente fue. La propuesta inicial de los socialistas efectivamente consistía en acabar con una de las instituciones que, como la Benemérita, es de las mejor valoradas por la ciudadanía. Como dice ABC, “los matices posteriores de la propuesta —sólo referida a un mando único y no a la disolución inmediata de la Guardia Civil— no enmienda el error de plantear iniciativas graves con medias palabras ni disipan la sospecha —para muchos es convicción— de que luego vendría la desaparición del instituto armado para facilitar la creación de un solo cuerpo policial”.

Hasta tal punto tiene razón ABC que el pasado lunes un diario como El Mundo celebraba la propuesta socialista calificando de “anacronismo” la existencia de la Guardia civil y considerando, textualmente, “lógico y coherente su progresiva integración con la Policía Nacional, hasta generar las condiciones para la fusión de ambos cuerpos en una nueva policía estatal que aúne a todos sus profesionales”.

Bien es verdad, que el martes, también El Mundo recogió velas limitándose a criticar las formas “exageradas” con las que el Gobierno se oponía a una propuesta que “puede y debe ser debatida”....

Aunque hoy El Mundo ya no mente la cuestión de la Guardia Civil y —a diferencia de El País— reconozca algún acierto a Aceves, también arremete contra el ministro, vista la "peligrosidad y la amenaza para las mujeres en España con la que advertía Scotland Yard a nuestras fuerzas de Seguridad".

En primer lugar, es simplemente impresentable que tanto El País como El Mundo —en realidad todos los diarios— no hagan el mínimo reparo en señalar cómo las fuerzas de seguridad, tanto en Gran Bretaña como en España, tienen que ser conscientes de la peligrosidad de unos sujetos que el Poder Judicial, tanto en Gran Bretaña como en España, dejan en libertad antes de cumplir la totalidad de la condena asegurando que ya están rehabilitados. ¿Por qué los periodistas no informan de la enorme cantidad de agresiones sexuales que se cometen por reincidentes supuestamente “rehabilitados” o por presos que disfrutan de permisos penitenciarios?

Este mismo verano, por lo menos, la prensa se hico algo de eco de la sentencia de la Audiencia de Granada que condenaba a una persona que había violado nada menos que a 24 mujeres aprovechando los permisos penitenciarios de que gozaba por haber cumplido las dos terceras partes de una condena anterior también por delitos contra la libertad sexual.

Pero volviendo al caso King, también la administración de Justicia, o mejor dicho, la legislación, vuelve a dificultar la labor policial si tenemos presente la Ley de Protección de Datos. Desgraciadamente, El Mundo no tiene toda la razón al reprochar a Acebes que “sólo una interpretación muy restrictiva de esa ley” puede avalar al ministro cuando dice que los antecedentes penales no podían ser archivados por las policías españolas. Es verdad que esta ley no lo impide, solo la limita en su artículo 22.2 a “los supuestos y categorías que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública”.

Ciertamente, el más básico sentido común debería incluir a un delincuente como King en esta categoría. Pero lo que El Mundo no dice es que ese sentido común viene a cargárselo en buena parte el punto 4 de ese mismo artículo, que textual y desgraciadamente afirma que “los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad.

La cursiva es nuestra y con ella queremos destacar que la información sobre King no fue ni enviada ni recibida debida a ninguna “investigación o procedimiento concreto” abierto en España. Los antecedentes de King eran por delitos cometidos, todos ellos, en Gran Bretaña y, para colmo, había una “resolución judicial firme” que dictaminaba la “rehabilitación” del delincuente. Este es fundamentalmente el absurdo que tiene que compaginar la policía con el poder judicial: Tener fichado como "peligroso para las mujeres" a un sujeto a quien el poder judicial exime de parte de la pena asegurando que está reinsertado.

Si encima tenemos presente que esa genérica información de Scotland Yard no era más que una de las más de 70.000 que se cruzan anualmente las policías británicas y españolas y que la Jurisprudencia está plagada de ejemplos de absurdas “lecturas restrictivas” de la ley a favor del sospechoso, no nos extrañemos.

El caso respecto a la ley de Prtección de Datos es, cuanto menos, discutible, y Acebes acierta de pleno al proponer reformas para que claramente “se puedan crear bases de datos en las que se incluya a individuos de riesgo, aunque sus antecedentes penales estén cancelados". Ciartamente, para ciertos delitos y para lo que no es más que un simple registro de datos, no cabe aquel legionario lema del “no importa tu vida anterior”. Importa, y mucho.

El Mundo no critica en modo alguno la callada por respuesta de la oposición a esta necesaria reforma. En lugar de eso, se limita a reconocer que “aunque no está de más entrar en el detalle, el marco genérico en vigor ya hubiera permitido hacerlo con personas como King”. Desgraciadamente, con el actual marco genérico de la Ley de Protección de Datos, esa afirmnación solo se puede con esa rotundidad de manera retrospectiva, que es precisamente la argucia que El Mundo reprochaba a Aceves.

En cualquier caso, mucho más criticable es la contundencia con la que El País culpa del problema de la seguridad que ilustra el caso King a la falta de “efectivos, medios, coordinación, mando único y mejores dirigentes políticos de nuestras fuerzas de seguridad”.

La calidad y la altura profesional de nuestra policía y guardia civil, lejos de ser el “burladero del elogio rutinario a los cuerpos y fuerzas de seguridad” donde dice El País que se “esconde” Aceves, es una realidad innegable. Para nada es un lugar común, pues no sólo lo constata la alta valoración que tienen los ciudadanos de nuestra policia y guardia civil, —reconocimiento que también obtienen fuera de nuestras fronteras— sino que estadísticamente España es uno de los países en que más alta es la probabilidad de que un delincuente sea detenido por un delito cometido. Esta es la única variable en la que puede influir el mayor o menor número de “efectivos, medios, coordinación, mando único y mejores dirigentes políticos de nuestras fuerzas de seguridad”.

Puestos a criticar a presentes y pasados ministros, reprobemos a los responsables de Justicia, no a los de Interior. La degradación de la seguridad en España no la ha provocado una reducción en la probabilidad de ser detenido, sino en el descenso de la disuasión que provoca el serlo. Es el grado de certeza y severidad de la pena (responsabilidad única del sistema de Administración de Justicia) lo que otorga o anula el valor de la detención para combatir el delito. Todos los días se cometen delitos por personas que previamente han sido detenidas innumerables veces, y que estaban en libertad, bien a espera de juicio, bien disfrutando de permisos o excarcelaciones prematuras. Es fundamentalmente la administración de Justicia —y en esto también acierta la pésima valoración que le otorgan los ciudadanos en las encuestas— la principal responsable de la degradación de nuestra seguridad ciudadana.

Sin duda se puede mejorar en el funcionamiento y en la coordinación de la policía, pero —como también ilustra el caso King— poco éxito tendremos si por limpiar estas pajas de lo ojos de la policía desviamos nuestra atención de la viga que daña a nuestra administración de Justicia.