Naturalmente que el PP debía liderar un cambio en el modelo de financiación autonómica; entre otras cosas, porque fue Rajoy –y no Mas, Rubalcaba o Cebrián– quien en julio de 2009 calificó el que ahora tenemos de "frívolo", "profundamente antisocial", una "enorme chapuza" que traerá "inevitables consecuencias negativas para los españoles". Ahora ha bastado, sin embargo, que Artur Mas reclame su soberanista y mal llamado pacto fiscal, o que Rubalcaba, al dictado de Cebrián, nos proponga un peor llamado modelo federal, que tampoco terminan de explicar, para que el PP se aferre, por boca de Cospedal, al actual modelo de financiación, aprobado en tiempos de Salgado con la poco coherente abstención de las comunidades del PP.
Y es que, dados los "cambios de financiación" que proponen nacionalistas y socialistas –incluso el que Rajoy ofreció a Mas hace unos días como premio de consolación por no dar luz verde a la reclamación de total soberanía fiscal–, no digo yo que el actual modelo no sea un mal menor. Pero ese es el drama: que el inmovilismo de Rajoy, que sólo aspira a ser el buen gestor de un insostenible statu quo, nos condena a que el debate público oscile entre lo malo y lo peor.
En lugar de ir del ronzal en contra de los principios y votantes de su partido, Rajoy debería estar liderando desde hace tiempo un cambio del modelo de financiación autonómico que, lejos de agravarla, sirviera para hacer frente a la crisis nacional y económica que padece España. Primero, porque fue su partido el que no respaldó el que ahora tenemos. Y segundo, porque el Gobierno del PP tiene mayoría absoluta y gobierna en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas.
Ese cambio, lo primero que debería erradicar es el absurdo diseño por el cual los gobernantes regionales gastan sin tener que desgastarse políticamente, es decir, fijando los impuestos que sufragan ese gasto. Si hay Administración central, autonómica y municipal, debería haber impuestos nacionales, autonómicos y municipales.
No menos erradicable debería ser el cupo vasco y navarro, pues aunque el peso de estas comunidades lo hagan más asumible que el mal llamado pacto fiscal que reclama Mas, constituye un arcaico agravio comparativo respecto del resto de las comunidades. Para lograr ese cambio tendente a erradicar asimetrías, favorecer una sana competencia autonómica y lograr, no que las autonomías tengan mayor financiación, sino que pesen y gasten menos, yo sí que aplaudiría un pacto entre el PSOE y el PP. Pero no es ese cambio, precisamente, el que propugnan algunos, con la vana y contraproducente esperanza de intentar contentar a los insaciables nacionalistas.
En el actual modelo autonómico es absurdo tratar de buscar los beneficios de la descentralización propia del modelo federal; modelo, dicho sea de paso, que no es incompatible con que la administración central conserve o incluso recupere competencias bien definidas.
A falta de iniciativa por parte de Rajoy, que de reforma autonómica no quería ni hablar, no nos extrañe que ese espacio lo ocupen Mas, Cebrián o Rubalcaba. Y es que cuando no se quiere hablar de cómo frenar la deriva autonómica que padecemos, no es extraño que algunos hablen de cómo acelerarla.