Primero dijeron que la consulta secesionista no se celebraría sobre la base de que no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Luego, al reparar en el nulo respeto que los nacionalistas tienen hacia el ordenamiento jurídico español, no pocos analistas confiaron sus cándidas esperanzas al hecho de que la consulta secesionista tampoco tenía cabida en el propio estatuto de autonomía catalán.
Al ver que la disposición de Mas a saltarse la ley a la torera incluía tanto la española como la catalana, confiaron en que el batacazo electoral de CiU en las elecciones del pasado año sería lo que llevaría a Mas, ahora sí, a meter en el congelador su desafío secesionista. Cuando repararon también en que la fracasada CiU había ganado dichas elecciones con casi el doble de escaños que su inmediato seguidor, que ya no era un ambiguo PSC, sino una formación abiertamente secesionista como ERC, trasladaron sus inextinguibles esperanzas a la imposibilidad que tendría el gobierno catalán de acometer los duros ajustes que le exigía la ley de estabilidad presupuestaria y, al tiempo, llevar a cabo el costosísimo proceso de construcción nacional.
Cuando estas cabezas privilegiadas se percataron de que los nacionalistas hacían el mismo caso omiso a la contención del déficit que a las sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística, y que, además, el Gobierno de Rajoy suplía a través del Fondo de Liquidez Autonómica la falta de recursos que exige su ilegal aventura soberanista, estos puntales de la prensa madrileña mantuvieron su esperanza en que la consulta de marras no se celebraría, esta vez sobre la base de que Europa no toleraría en su seno un nuevo Estado escindido de un país que ya es miembro comunitario.
Al ver, más recientemente, que el problema no nos lo van arreglar desde fuera, y que las advertencias de Bruselas no lograban el objetivo de que Mas arrojase la toalla, no han faltado quienes todavía han confiado en que este golpe de Estado institucionalizado en forma de consulta no se celebrará sobre la esperanza de que los convocantes no se pondrían de acuerdo a la hora de formular la pregunta.
Pese a que los convocantes ya se han puesto de acuerdo en la fecha y en las preguntas y que estas garantizan que ninguna respuesta, sea la que sea, ponga en peligro las actuales cotas del mal llamado autogobierno, casi toda la prensa madrileña nos aseguraba el viernes, con más firmeza que nunca, que la consulta secesionista no se celebrará sobre la base más endeble de todas, a saber: que Rajoy ha garantizado que no se celebrará.
Especialmente llamativo es el caso de un diario como El Mundo, cuyo director parecía haberse dado cuenta, aunque sea parcial y tardíamente, de la pasta de la que está hecho nuestro presidente del Gobierno. En la misma portada en que, el viernes, nos anunciaba el "Jaque a España" del Gobierno regional de Cataluña, un titular nos anunciaba: "Montoro da a la Generalitat 873 millones más del FLA". Vamos, como para confiar en la firmeza de Rajoy.
Basta contemplar en el ABC de este domingo la reiterada renuencia de Gallardón a decirnos cuáles son esos "recursos" que la democracia, ciertamente, tiene para impedir la consulta para darnos cuenta de que de nada sirven si el Gobierno ni siquiera se atreve a enunciarlos.
El futuro siempre está abierto y ojalá me equivoque. Pero hasta la fecha el Gobierno de Rajoy, por culpa de un carácter estérilmente renuente a la intervención y al enfrentamiento, no ha hecho más que procurar la impunidad y la financiación sin las cuales no hubiera sido posible siquiera concebir este abierto desafío a la nación española y a su Estado de Derecho. España puede "conllevar" –en nada feliz expresión orteguiana– a un tipo como Artur Mas al frente de la Generalidad; lo que no puede permitirse sin desplomarse en la más profunda crisis nacional es a un tipo como Zapatero o Rajoy al frente de la nación.
Ojalá –insisto– me equivoque, pero mucho me temo que aquí no hay más farol que la supuesta e inédita firmeza de este infausto presidente del Gobierno.