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La mano dura de Aznar y la manirrota de Rajoy

Lo que garantiza la impunidad de Artur Mas no es ningún vacío legal, sino la renuencia del Gobierno de Rajoy a la hora de hacer cumplir la ley

Guillermo Dupuy
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No puedo estar más conforme con el espléndido artículo de Pablo Planas en el que considera que, "entre encarcelar a Artur Mas y mantener la cuota de CiU en el Consejo General del Poder Judicial, debe de haber un punto intermedio que el PP no acaba de encontrar". Ahora bien, no quisiera que ese artículo y mi aplauso al mismo contribuyeran a consolidar un bulo, extendido hasta en los lugares más insospechados, como el que afirma que, tras la derogación del articulo 506 bis del Código Penal en 2005, ya no existe posibilidad legal de castigar penalmente la celebración de un ilegal referéndum secesionista como el que el presidente de la Generalidad de Cataluña tiene previsto celebrar el año que viene.

Lo que daba el articulo 506 bis, introducido en tiempos de Aznar y suprimido en tiempos de Zapatero, era la posibilidad de tratar la celebración de referéndums sin autorización de manera concreta, diferenciada y más severamente que el resto de delitos relativos a la usurpación de atribuciones, que sigue castigando el vigente articulo 506. La finalidad de aquel PP al promover la introducción del 506 bis no fue, por tanto, instaurar sino elevar el reproche penal con que el 506 castigaba entonces y sigue castigando ahora ese persistente delito de usurpación de atribuciones.

Personalmente creo que la ilegal consulta secesionista planteada por Mas no sólo sería constitutiva de un vigente delito de usurpación de atribuciones, sino que lo sería también de unos no menos vigentes delitos de desobediencia, prevaricación y, vista la cantidad de recursos del contribuyente destinados a perpetrar esa ilegalidad, malversación de fondos públicos.

Por otra parte, y como ya he señalado en alguna otra ocasión, nada impediría a Rajoy retomar ahora, como disuasorio aviso a navegantes, la reforma de Aznar que Zapatero derogó, por lo que no busquemos excusas a su cómplice condescendencia: lo que garantiza la impunidad de Artur Mas no es ningún vacío legal, sino la renuencia del Gobierno de Rajoy a la hora de hacer cumplir la ley. Es lo mismo que sucede con la clamorosa desobediencia de la Generalidad respecto de las sentencias del Tribunal Supremo contra la inmersión lingüística. ¿Nos creemos también que la impunidad de Mas se debe a que no existe una ley que castigue su clamoroso delito de desobediencia?

Que pruebe el bueno de D. Pablo o cualquiera de ustedes, amables lectores, a desobedecer una sentencia como de forma tan clamorosa ya ha hecho Artur Mas y verán la que se les viene encima.

Entiéndaseme bien. Nada más lejos de mi intención que querer que nadie –incluido Artur Mas– vaya a la cárcel por hacer cosas que no castigue la ley con penas de prisión en el momento de acometerlas. Pero no sé por qué la consideración de que la infanta Cristina merece ir a prisión es demostrativa de un respeto impecablemente democrático a la igualdad de todos ante la ley y, al mismo tiempo, considerar que Mas merecería ir a la cárcel si perpetrara una consulta soberanista es poco menos que demostrativa de añoranza del régimen franquista. Es lógico que los nacionalistas intenten hacernos creer tan neutralizante patraña; lo patético es que acomplejadamente nos la creamos.

Que pruebe algún dirigente regional de cualquiera de las democracias más consolidadas del planeta a desobedecer a sus respectivos tribunales supremos o a perpetrar una ilegal consulta con el dinero del contribuyente y contra la soberanía nacional y ya verán la responsabilidad penal y la mano dura que se les vienen encima.

Que sea exigible que el Gobierno sofoque también política y económicamente la ilegal rebelión secesionista catalana no debería hacer menos exigible su sofocación en el ámbito judicial. Y que un desafío tan frontal como el que está liderando Mas contra nuestra nación y nuestro Estado de Derecho no merezca beneficio como el de tener un vocal en el Consejo General del Poder Judicial o una financiación privilegiada a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica no significa que no deba tener también castigo. Lo contrario sería abogar por situar a Mas por encima de la ley y que su intentona le saliera gratis. Vamos, en lo que estamos ahora, si no fuera porque Mas ya está cobrando.

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