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ECONOMÍA

Contestando críticas al libre mercado

Hay quien afirma que quienes preferimos el mercado a los políticos argumentamos que el mercado es perfecto, cuando en realidad se trata de escoger la mejor opción en un mundo imperfecto, lleno de incertidumbres, riesgos y escasez de todo. Nuestra oposición es a los privilegios otorgados por leyes malas, como también a la socialización de las pérdidas bancarias y sus insospechadas consecuencias.

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Persiste la creencia casi religiosa de que el Gobierno es un ente idóneo para ordenar y dirigir las actividades productivas y el comercio de los ciudadanos. Tal creencia se basa en que los gobiernos están supuestamente integrados por honorables expertos y abnegados servidores públicos, entregados al bien común y no a "ganar dinero", lo cual es mal visto.
 
Sin duda, hay buenas personas en todos los gobiernos, pero la experiencia indica que la utilización del poder para aprovecharse de los incautos atrae y motiva más a los pícaros que a los buenos.
 
La prensa informa con frecuencia de la mala opinión que predomina sobre los servidores públicos. Pero los mismos que critican a funcionarios y gobiernos opinan que las actividades del ciudadano deben ser reguladas y supervisadas. Alegan que el Gobierno debe estar integrado por los buenos y no por los malos, lo cual equivale a evadir la realidad y caer en la trampa de sugerir que el Gobierno debe intervenir para corregir los "defectos" del mercado con regulaciones e intromisiones.
 
La realidad es que nuestros críticos no leen lo que escribimos ni oyen lo que decimos. Nuestra posición se resume en que los individuos tenemos el derecho a hacer todo lo que no viole derechos ajenos, y que es una obligación prioritaria del Gobierno proteger nuestros derechos, en lugar de inmiscuirse en nuestros asuntos privados. Es decir, debe protegernos de robos, fraudes y violaciones.
 
Muchos creen ciegamente en la reglamentación de la actividad privada. Citan ejemplos de los recientes fracasos bancarios, sin reparar en que la banca es uno de los sectores más regulados. No aprecian que los reglamentos no son redactados para proteger derechos sino para dirigir actividades privadas, por lo que tienen consecuencias indeseadas y no previstas, suelen impedir la competencia, dan falsa confianza al público, incentivan el incumplimiento de normas, inducen a la desviación antieconómica de recursos, crean terror por multiplicidad de interpretaciones, impiden las correcciones oportunas, limitan las actividades de la gente y, por último, no toman en cuenta que los regulados a menudo manipulan a los reguladores.
 
Parte del problema es la generalizada ignorancia de los mecanismos de control del mercado, de los severos castigos que el mercado impone y de lo que el mercado exige para tener éxito.
 
 
© AIPE
 
MANUEL F. AYAU CORDÓN, rector emérito de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala).
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