La semana pasada fue rica en contrastes. Por un lado el presidente de la Generalitat, José Montilla, y la consellera de Salud, Marina Geli, avanzaban que la ley de dependencia, el proyecto que iba a colocar a España en la vanguardia de los avances sociales, como no se cansó de repetir el ministro Caldera, deberá dejarse para un mejor momento por falta de presupuesto, al menos en Cataluña. Un fiasco que a nadie ha sorprendido y que nada tiene que ver con la actual crisis; mientras Caldera hablaba, por ejemplo, de 200.000 personas en situación de dependencia severa, el BBVA constataba en un informe publicado poco antes de la votación de la ley que el número de individuos en dicha situación era superior a 800.000. Eso sí, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes han creado ya sus departamentos de dependencia, con funcionarios asignados, que ahora deberán dedicarse a hacer crucigramas y a cobrar a final de mes.
Por otro lado, vamos recibiendo globos sonda recurrentes en el sentido de una inminente subida de impuestos y de la recuperación de algunos, como el de sucesiones, cuya evidente injusticia, por tratarse de una doble imposición, lo convierte en un claro ejemplo de robo legalizado.
Estas noticias, que lanzaban el mensaje inequívoco de que ha llegado el momento de apretarse el cinturón, coincidían con una campaña de publicidad institucional de la Generalitat que, bajo el alegre lema de "Som-hi" (Vamos), nos costaba más de un millón de euros (y digo nos costaba porque el dinero del Estado es nuestro dinero). No busquen finalidad informativa: la campaña parece limitarse a intentar, probablemente en vano, levantar el ánimo a la población. También nos enterábamos de que el presidente del Parlament, el republicano Ernest Benach, es aficionado al tuning: su nuevo coche oficial, el Audi A8 Limusina, cuyo coste asciende a 110.000 euros, ha sido completado con un escritorio de madera, un reposapiés, una televisión y conexión para mp3 y bluetooth. ¡Ah! Y los secretarios de la Mesa del Parlament y los presidentes de los grupos parlamentarios han cambiado sus Volkswagens Passat por Audis A6, mucho más vistosos.
El contraste es tan brutal, la falta del más mínimo sentido del decoro es tan evidente, que uno poco puede añadir a los hechos desnudos. La escasa reacción en la opinión pública nos confirma, por desgracia, cómo el envilecimiento se ha extendido ampliamente a toda la sociedad. Algo funciona muy mal cuando estas noticias coinciden en el tiempo y no se produce una oleada de disculpas, rectificaciones y dimisiones.En cualquier caso, y a la espera de que algún día el bananerismo que nos invade refluya, no está de más dedicarle unos momentos a reflexionar sobre el papel del Estado.
Escribía Francis Fukuyama, a propósito de los Estados fallidos, que una de las causas de que fracasaran era no la ausencia de Estado, sino en su ineficacia y corrupción. Un Estado que quiere llegar a cada vez más rincones, que se arroga cada vez más funciones, debilita la sociedad y es incapaz de dar lo que promete. Frente a este Estado Ancho, que abarca mucho y aprieta poco y mal, los países que muestran mejores niveles de desarrollo y prosperidad tienen Estados que se ocupan de pocas cosas pero con gran eficacia.
La respuesta a la crisis financiera va peligrosamente en la primera dirección, cuando sabemos que muchos Estados occidentales han fallado en sus labores de supervisión de los mercados financieros o incluso han promovido normas que han agravado la crisis, como las leyes sancionadas por la Administración Clinton a finales de los 90 que obligaban a Fannie Mae y a Freddy Mac a conceder hipotecas a miembros de minorías raciales que, se sabía, no iban a ser capaces de hacer frente al pago de sus deudas a las primeras de cambio.
La ley de dependencia es otra muestra de este Estado omnipresente e incapaz de cumplir con su cometido. ¿Reaccionaremos antes de caer, definitivamente, en el pozo de los Estados fallidos?