Este nuevo tratado es un buen reflejo del momento que vive el Viejo Continente. La tensión idealista que marcó los primeros pasos de la construcción europea parece haberse disuelto. En lugar de aquel impulso lleno de novedad y de eficaz pasión por el bien del pueblo europeo, que en los años 50 protagonizaron Schuman, Adenauer y de Gasperi, nos encontramos con una Europa cansada incapaz de formular con entusiasmo unos pocos valores políticos elementales que sirvan de referente para caminar juntos. El proyecto común sustentado en unas verdades elementales que latía en la Comunidad del Carbón y del Acero, proyecto que hizo después frente al comunismo y que consiguió vencerlo de forma pacífica con la ayuda de los Estados Unidos, parece desinflarse definitivamente tras el mandato Delors. Desde entonces se inicia un período en el que dominan la burocracia y los intereses nacionales. Y, ahora, cuando ha llegado este nuevo momento fundacional, la Constitución no ha sido capaz de convertirse en la expresión de los valores, los ideales y los símbolos que mantienen, al menos en forma de rescoldo, a nuestras sociedades.
Como explica bien J.H.H. Weiler, todo texto constitucional, ya sea de forma explícita o implícita, "es el espejo de una sociedad, un elemento esencial de autocomprensión [...] y tiene un papel fundamental en la definición de la identidad nacional y cultural del pueblo que lo adopta". La Convención alumbró un documento que oficializa la Europa más hastiada, una Europa que sólo alcanza a sistematizar normas precedentes para simplificar el barullo jurídico y a defender lo políticamente correcto. Eso no significa que la gestión de la Convención haya sido "neutra". Los trabajos liderados por Giscard D´Estaing han acentuado una corriente que desde hace años quiere borrar del mapa dos de las grandes tradiciones -la católica y la socialista clásica- que le han permitido a Europa llegar dónde está. Los trabajos de la Convención, en fin, han puesto de manifiesto que el eje franco-alemán ha entregado el liderazgo intelectual europeo a ciertas elites francesas de sensibilidad masónica. Este liderazgo es incapaz de contrarrestar el nacionalismo dominante y tiene especial interés en hacer olvidar la aportación cristiana. La Constitución que ahora votamos, al no querer reconocer explícitamente la aportación del cristianismo, no le hace justicia a la historia y, además, no reconoce la experiencia que mantiene viva la polaridad entre libertad y verdad -polaridad esencial para combatir los amenazas totalitarias-. Hay más objeciones. El nuevo texto reduce el papel de la Comisión, motor de la construcción europea; define mal los derechos sociales; no tiene en cuenta suficientemente la subsidiariedad. Datos todos ellos que pueden justificar el voto negativo o el voto en blanco. La abstención es siempre una muestra de irresponsabilidad. En España, además, Zapatero quiere utilizar el referéndum en beneficio propio.
Y a pesar de todo, votar sí no es descabellado. El Papa, que durante todo el proceso constituyente ha sido unas de las figuras que más ha reclamado un texto diferente al que ha resultado aprobado, ha hecho en los últimos días un llamamiento a los católicos para que siguieran implicados en la construcción de Europa. Juan Pablo II es, en cierto modo, uno de "los grandes derrotados". Sus sugerencias no se han tenido en cuenta. Pero la Santa Sede lejos de encastillarse en una posición contraria a la nueva norma anima a los fieles a "no salir de la historia". El Papa ha enviado un mensaje con motivo de la clausura del Año Santo en el que asegura que éste es un «patrimonio espiritual que sigue siendo fundamental para el futuro de la Unión Europea, cuya construcción, larga y ardua, seguimos mirando con confianza».