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Su televisión de todos

Hay canales públicos de radio y televisión en cada comunidad, en cada provincia, a veces hasta en cada municipio. Canales uno, dos, tres y cuatro.

Javier Somalo
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La dimisión de Leopoldo González Echenique como responsable de RTVE obliga a opinar por enésima vez sobre los medios de comunicación públicos. Algunos, como la diputada de UPyD Irene Lozano, ya lo han hecho de forma categórica:

Hay que buscar una solución urgente que no pase sólo por inyectar dinero de los Presupuestos sino por reformar la ley de financiación para permitir que vuelva la publicidad y garantizar una televisión pública de calidad, que es imprescindible en una democracia.

No es la única que piensa así pero sirva su frase para el análisis ¿Qué misión ha de cumplir un medio público que esté fuera del alcance de uno privado? ¿Servicio al ciudadano? Los privados lo dan, porque son los primeros interesados y porque se lo exigen en los concursos para obtener licencia. Sí, lo exigen. ¿Qué diferencia a una cadena que ofrece pay-per-view de una pública? Que en la primera paga el que la quiera ver y en la segunda, todos. ¿Y de las privadas que emiten en abierto? Que las paga el operador, no el ciudadano ¿Será entonces la neutralidad política la que hace necesaria la existencia de medios públicos? ¿Será la pluralidad, la objetividad? Dejo al lector que elija entre la carcajada abierta o, como dicen de la reina Isabel II, el ronroneo.

La televisión y la radio pública son del gobierno. Sea el que sea. En el ámbito nacional y en el autonómico, que en algunos casos ya es también nacional y singular. Lo "imprescindible en una democracia" es la pluralidad informativa, la que invocó el Supremo en su sentencia por el antenicidio cuando un Consejo de Ministros de 1994 (PSOE) autorizó que la SER se comiera a Antena 3 de Radio, intolerable líder de audiencia. Nunca se ejecutó en los términos previstos aquella sentencia –ni PSOE ni PP– pero sigue siendo esa pluralidad la que construye un régimen de libertades. Si la televisión pública fuera "imprescindible en una democracia", lo serían Cuba y Venezuela. No lo son. Para quien resulta "imprescindible" es siempre para el poder. Son los políticos los que hacen el casting de tertulianos, simulando pluralidad hasta que se cuelan los liberales y saltan los liberados demostrando quién manda, por ejemplo, en TVE: los que llevan años condicionando la política económica de España a golpe de amenaza, la llamada "paz social" porque lo contrario es la guerra. "La televisión de todos", dicen y repiten.

Los poderes públicos argumentan que el espacio radioeléctrico les pertenece porque es un bien escaso que hay que administrar y, sin embargo, está ocupado por sus antenas. Por eso recurren al trámite de la concesión y al continuo incumplimiento del mismo. Ellos emiten en su espacio radioeléctrico; a los demás se lo pueden llegar a conceder previo concurso, pago de tasas, avales y exigencias de servicio público. Tiene gracia. Lo habitual es que, después de marear la perdiz, suspendan la resolución del concurso en espera de que tal o cual escándalo escampe, de que lleguen o pasen unas elecciones… con la más absoluta arbitrariedad.

Hay canales públicos de radio y televisión en cada comunidad, en cada provincia, a veces hasta en cada municipio. Canales uno, dos, tres y cuatro. Canales temáticos. Canales y más canales. Y el resto, lo que se reparte por concesión a los súbditos, suele favorecer al par de grupos mediáticos que en ese momento hayan sido tocados con la varita del Gobierno de turno.

Andalucía y Cataluña son paradigma de regímenes construidos en torno a medios de comunicación públicos. En tierras de Susana Díaz, el 70 por ciento de las radios son de carácter público. Del 30 por ciento restante, el 57 es de Prisa. Pero hay que evitar la quiebra de lo público… y de Prisa. Enorme democracia. De Cataluña, huelga hablar porque allí la mera convocatoria de concursos es ya ilegal al exigir la inmersión lingüística como condición para emitir aunque sea sólo música. Por eso esRadio jamás se escuchará en Cataluña desde Cataluña.

Y además pide Irene Lozano, como tantos otros, que vuelva la publicidad para que la solución a una quiebra –ineludible para el resto de los mortales– "no pase sólo por inyectar dinero de los Presupuestos".

No discuto ni la calidad de muchos programas ni la preparación de muchos profesionales de las muchísimas radios y televisiones públicas que hay en España. Pero seguro que unos y otros encuentran sitio, los que de verdad sean buenos, en medios privados que no costarán dinero al ciudadano. No, la calidad tampoco es excusa.

He podido ver muchas instalaciones audiovisuales públicas por toda España y todas tienen algo en común: no se ha reparado en gastos. En el cavernoso mundo de los medios privados, se conoce el precio de una mínima dotación técnica porque hay que pagarla. Una tarde vi en RNE hasta cinco estudios de radio tan modernos y equipados como vacíos, uno detrás de otro. También vi enormes unidades móviles con tecnología punta a bordo. Estaban cubiertas de polvo y con las ruedas desinfladas. Abandonadas. Ya se subcontratará tal o cual servicio si es menester. Lo público es gratis, creencia extendida. A su televisión y a su radio de todos no le ha de faltar de nada.

¿De verdad que todo esto es "imprescindible" en una democracia? Más bien, incompatible.

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