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Acoso a la libertad

La taifa andaluza ha perpetrado un decreto contra la propiedad, un derecho inalienable en democracia porque va unido a la libertad individual.

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El acoso social, mal llamado escrache (un préstamo austral innecesario y cacófono), se ha convertido en la gran estrategia de la izquierda para recuperar el poder oficial, porque el real y efectivo lo tiene desde siempre en los medios de comunicación y la escuela. Todo el espectro izquierdista, desde los eréticos sindicatos (Andalucía es su gran laboratorio de infamias laborales) hasta los antisistema de toda condición (nacionalistas, anarcos, proetarras, comunistas, chavistas...) se han conjurado, con el beneplácito oportunista de los socialistas e Izquierda Unida, para debilitar lo más posible al gobierno de Rajoy, que es ahora el encargado de mantener un sistema político débil y corrupto, producto de decenios de incompetencia y malversación económica y tutelado (es un eufemismo) por una Jefatura del Estado incapaz de estabilizar la situación; aunque ahora las plañideras mediáticas de turno intenten salvar lo insalvable; como si no hubiese otra salida a la que agarrarse que el clavo ardiente de la monarquía borbónica. No hace falta vindicar caóticas terceras repúblicas sino debatir, a la luz de la razón histórica democrática y la tradición constitucionalista liberal, proyectos presidencialistas y parlamentarios que recuperen el prestigio de las instituciones y el imprescindible protagonismo de la sociedad civil para dar, así, una auténtica estabilidad a un país desangrado por banderías, corruptelas y castas políticas de toda laya y condición.

Esta sangría de la libertad y la democracia la viene soportando España desde la misma concepción constitucional al crear un Estado elefantiásico, manejado por los partidos y dotado de macroestructuras burocráticas territoriales. Sin liderazgo y con un grado de politización extremo, alentado por los grandes grupos mediáticos audiovisuales, auténticas máquinas cínicas de polarización informativa que glorifican la agresividad del discurso progre y hacen virtud de la ignorancia, la nación se encuentra en un punto de no retorno, acuciada por la izquierda y el nacionalismo. Ésta prepara una primavera caliente en todos los sectores pero especialmente en el educativo porque ahí es donde tiene su fuerza y modus vivendi, y aquél anuncia sus proyectos separatistas tanto en Cataluña (territorio en quiebra social y política) como en Vascongadas (zona franca tanto para el terrorismo como para el pufo fiscal). En ambas regiones, las libertades fundamentales están amenazadas desde siempre: tanto la integridad de la vida humana como el derecho inalienable a la enseñanza en la lengua materna y cooficial (este último también se quebranta en Galicia, Valencia y Baleares). Si el ciudadano no pertenece a la casta o secta dominante está perdido, sin protección legal. Entonces, si esta lamentable situación ha sido y es contumaz ¿por qué el jefe del Estado y los sucesivos Gobiernos no han actuado para preservar las leyes y la democracia? Una pregunta sin respuesta. Lo que demuestra que no funcionan las instituciones.

Ahora, la taifa andaluza dominada por el socialcomunismo ha perpetrado un decreto contra la propiedad, un derecho inalienable en democracia porque va unido a la libertad individual: razón y primer principio de nuestra próspera y humanística sociedad occidental, basada en la cultura grecolatina.

En definitiva, el dramático acoso a las libertades se ha convertido en España en un vulgar trending topic de las redes sociales porque la sociedad civil, que debería denunciarlo, no existe: se la cargado un sistema político preocupado únicamente de sus privilegios. La izquierda y el nacionalismo preparan el funeral de la nación más vieja de Europa mientras la derecha (con once millones de votos) demuestra día a día su inepcia intelectual y política.

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