Solo Polonia y Hungría, dos democracias iliberales, ese eufemístico neologismo del que se han apropiado en Bruselas a fin de designar a los regímenes postsoviéticos y neoautoritarios del Este que alberga la Unión Europea en su seno, poseen un mecanismo legal para el gobierno de los jueces similar al vigente en España. Solo en Polonia, en Hungría y en España, sí, los altos tribunales están sometidos al control directo de los partidos políticos mayoritarios a través de la potestad parlamentaria de designar a la suprema autoridad rectora de la judicatura.
Todos los demás, sin excepción, se caracterizan por priorizar la voluntad de los propios jueces a la hora de fijar los criterios de designación de los componentes de los respectivos órganos nacionales encargados de esa función. Todos. En Portugal se prima a los jueces, que designan a la mitad de los miembros. En Italia se prima a los jueces, que designan a dos tercios de sus miembros. En Francia se prima a los jueces, que igual designan a dos tercios de sus miembros. En Gran Bretaña, siempre tan peculiar con sus instituciones, una Comisión de Nombramientos Judiciales completamente ajena al poder político, a los partidos y al Parlamento es la que cumple esa función.
Porque solo en España, en Hungría y en Polonia, únicamente en España, en Hungría y en Polonia, el Feijóo y el Sánchez de turno disponen de la prerrogativa de hacer y deshacer a su muy soberano antojo en la composición de las salas de justicia. Pero la presa resulta ser demasiado golosa como para que PSOE y PP, que tanto monta, concedan soltarla de grado. Así las cosas en la ínsula Barataria del duopolio renacido, acaso la única solución para sacar de su tumba ibérica a Montesquieu pase porque la Comisión trate al Reino de España exactamente igual que a ese par de gamberros reincidentes, Orbán y Morawiecki; esto es, que proceda, y por la vía de urgencia, a suspender cautelarmente la entrega de fondos comunitarios a Madrid mientras que la usurpación del poder judicial por parte de los dos principales partidos políticos sigua poniendo en entredicho la vigencia del Estado de derecho. Desengañémonos, no hay otra.