Que todo un ministro de Hacienda del Reino de España se haya convertido en aliado objetivo de la causa de los separatistas catalanes ante la sala de la Justicia alemana llamada a decidir sobre el destino procesal del Payés Errante indica hasta qué punto las taras congénitas de la derecha tradicional y castiza suponen un obstáculo para afrontar el horizonte de disgregación nacional en el que ya andamos inmersos. Porque el problema no es Montoro, su ego hipertrófico y esa personalidad algo chulesca y soberbia que le aboca a empecinarse por norma en el error antes que dar su arrogante brazo a torcer. Si todo el problema fuese que Montoro es muy chulito, no habría en puridad problema. Habría un incordio con voz y voto en el Consejo de Ministros, sí, mas no un problema. Pero es que Montoro no está haciendo daño a la causa de nuestro país en Europa por chulito, sino por una lacra profunda de mucho más calado colectivo, estructural y ontológico.
Una lacra que no remite a este o aquel rasgo subjetivo de su carácter personal, sino a un mal crónico de la élite rectora de derecha española: su origen y mentalidad funcionarial. Porque lo que ahora mueve al Gobierno en pleno, que no solo a Montoro, es el espíritu de cuerpo tan característico de la idiosincrasia profunda del alto funcionariado del Estado. Desde hace más de un siglo, la derecha política española, se llame como se llame el partido que en cada momento canaliza la defensa de su causa, viene siendo muy poco más que una extensión autónoma de los cuerpos funcionariales de la élite del Estado. Aquí, la derecha con mando en plaza nunca ha dejado de ser un club cerrado que coopta según conveniencia a abogados del Estado, técnicos comerciales, registradores de la propiedad, catedráticos de Hacienda, magistrados, fiscales y algunas otras hierbas administrativas de similar cultivo y crianza.
Algo, ese abrumador sesgo funcionarial que retrata a la vieja derecha hispana, que ofrece ventajas evidentes (así, su óptima capacitación técnica para dirigir una institución, el Estado, cuya naturaleza y funciones nada tienen que ver con las de una empresa privada) pero que conlleva inconvenientes que acaban pesando mucho más que las primeras. Y es que, al margen de los humores que dominen su personal e intransferible carácter, Montoro acaba de dejar en la estacada al juez Llarena frente al tribunal alemán solo por defender a los altos funcionarios de su departamento encargados de controlar y auditar las cuentas de la Generalitat intervenida. Solo por eso. Única y exclusivamente por eso. Por tan nimio prurito estamental y corporativo, el Gobierno de España está en este instante crítico anteponiendo los afanes y querencias de una casta funcionarial a los de la Nación toda. Porque no es que Montoro sea malo, muy malo, y quiera cobrar muchos, muchos impuestos. No, lo que ocurre es que Montoro, al igual que Rajoy, Santamaría y Cospedal, el supremo tridente rector del PP, es un alto funcionario del Estado que, antes que nada y por encima de todo, vela por complacer y nunca contrariar al grupo profesional del que procede y en el que, en un momento u otro, tendrá que volver a integrarse. Tan simple como eso. Tan triste como eso. Tan alarmante como eso.